Santo Domingo, R.D. – Todos los ciudadanos mayores de edad en República Dominicana portan cédulas de identidad y electoral vencidas, una situación que también afecta a quienes solicitan duplicados por pérdida. Este panorama ha generado inquietud en sectores políticos y sociales, especialmente ante posibles dificultades que los ciudadanos puedan enfrentar fuera del país.
La Junta Central Electoral (JCE) emitió una resolución el 8 de agosto de 2024, extendiendo la vigencia de las cédulas actuales «hasta tanto se concluya el proceso de sustitución», aunque la Ley 8-92 establece que estas tienen un período de validez de seis años desde su emisión. Sin embargo, la demora en el proceso de emisión ha puesto en pausa la entrega del nuevo documento.
Un proceso en pausa
La JCE informó que el 25 de febrero de 2025 abrirá los sobres con las propuestas técnicas y económicas de los oferentes inscritos en la licitación pública internacional para la impresión de las nuevas cédulas. Posteriormente, procederá a adjudicar el contrato y publicar el calendario oficial de distribución, aunque estos eventos aún carecen de una fecha definida.
El nuevo modelo de cédula se distribuirá de forma escalonada según la fecha de nacimiento de los ciudadanos, lo que extenderá el proceso de renovación durante más de un año. La JCE había anunciado previamente que la emisión iniciaría el 17 de agosto de 2024, pero el plan fue aplazado sin nueva fecha de inicio.
Preocupaciones políticas y sociales
La delegada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, urgió a la JCE a acelerar el proceso, subrayando que los ciudadanos podrían enfrentar inconvenientes en aeropuertos y otras instancias internacionales.
“El documento está vencido y, en ciertos lugares del mundo, te exigen cédulas. Aunque hay una resolución de la JCE para extender la vigencia del plástico, tú no andas con esa resolución en la mano”, explicó Camilo.
Implicaciones económicas
El proyecto de renovación de cédulas representa un desembolso de 2,081.6 millones de pesos. La JCE concluyó el plazo para responder a las preguntas de los oferentes en la licitación, pero los retrasos en la adjudicación y el inicio de la emisión generan incertidumbre sobre la pronta disponibilidad del nuevo documento.
La situación continúa siendo un tema de preocupación nacional, dado que el documento es esencial no solo para identificarse, sino también para ejercer derechos como el voto en las elecciones de 2024 y realizar gestiones legales y administrativas en el país y el extranjero.
