Somos Pueblo – A partir de agosto de 2026, insultar o realizar gestos ofensivos, incluso en privado, hacia un funcionario público en República Dominicana podría ser penalizado con prisión y multa, según establece el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional.
La nueva normativa introduce la figura del ultraje a funcionarios públicos, contemplada en el artículo 310, el cual establece sanciones de 15 días a un año de prisión menor, además de una multa de dos a tres veces el salario del funcionario afectado, por actos considerados contrarios a su dignidad o la del cargo que ostenta.
La ley especifica que se considera ultraje:
“Pronunciar palabras amenazantes, enviar escritos, imágenes u objetos, o realizar gestos, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público”.
Persecución por denuncia directa
El artículo 311 agrega que el ultraje será perseguido por acción pública a instancia privada, lo que implica que solo puede iniciarse mediante denuncia de la persona afectada, aunque el caso será gestionado por el Ministerio Público como asunto de interés general.
Esto significa que, aunque el incidente ocurra en un espacio privado —por ejemplo, una discusión personal o un gesto grosero sin difusión pública—, el acusado podría enfrentar consecuencias penales si el funcionario lo denuncia formalmente.
Falta de precisión genera debate
Juristas y sectores sociales han expresado preocupación por la amplitud del término «dignidad personal» y la falta de una definición clara sobre qué conductas específicas constituirían un ultraje.
Además, el artículo no limita la medida a funcionarios de alto rango, por lo que podría aplicar desde ministros hasta empleados administrativos en cualquier institución pública.
La multa económica también es proporcional al salario del funcionario agredido, lo que puede representar un monto considerable dependiendo del cargo involucrado.
Vigencia en 2026
El nuevo Código Penal entrará en vigor tras el período de vacatio legis dispuesto por su ley de promulgación, lo cual permitirá que tanto el sistema de justicia como la ciudadanía se preparen para su aplicación.
Una vez en efecto, esta disposición convertirá en delito autónomo acciones privadas —como insultar, mostrar el dedo, o enviar mensajes ofensivos— si son consideradas atentatorias contra la integridad institucional del funcionario, marcando un cambio significativo en la relación entre ciudadanos y autoridades.
