Somos Pueblo – El proyecto de reforma al Código Penal que se debate actualmente en el Congreso Nacional incluye nuevas disposiciones para sancionar violaciones a normas de tránsito no contempladas con sanciones penales en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El artículo 158 del anteproyecto establece penas de uno a dos años de prisión menor y una multa de hasta seis salarios mínimos del sector público para quienes obstruyan de manera intencional el paso de ambulancias, vehículos contra incendios o unidades de seguridad en servicio o en persecución de un delito.
El párrafo I del mismo artículo contempla entre 15 días y un año de prisión, además de multa de dos salarios mínimos, para quienes persigan ambulancias o vehículos de socorro y provoquen un accidente de tránsito.
En tanto, el párrafo II aumenta las sanciones hasta dos años de prisión y multa de 15 salarios mínimos si la obstrucción ocasiona daños graves, como la muerte del paciente o el agravamiento de su estado de salud.
Actualmente, la Ley 63-17 solo impone una multa de uno a tres salarios mínimos en estos casos, sin consecuencias penales.
Carreras ilegales
El proyecto también introduce sanciones más severas para las carreras clandestinas. El artículo 113 contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión, junto a multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público, para conductores que provoquen la muerte de una persona mientras participan en competencias no autorizadas.
El párrafo I establece penas de cuatro a 10 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos en casos de mutilaciones o incapacidades permanentes. Si el resultado son heridas curables dentro de 90 días, la pena sería de dos a tres años de prisión y multa de hasta 15 salarios mínimos.
Proceso legislativo
El proyecto está siendo revisado por una comisión integrada por legisladores y representantes del Ministerio Público, entre ellos la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Las reuniones se llevan a cabo en la sede de la Procuraduría General, encabezadas por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sin horario definido.
La propuesta ya fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados en primera lectura. De concluirse el proceso de revisión y aprobarse en segunda discusión, la normativa regresará al Senado para una última votación y posteriormente será enviada al Poder Ejecutivo.
El plazo para la validación del Código Penal vence el martes 5 de agosto, fecha en que finaliza la legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader, quien tendrá la facultad de promulgar u observar la ley, tal como ocurrió en ocasiones anteriores con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández.
