Elizabeth Rodríguez Díaz, defensora pública, coordinadora de la Defensa Pública de Moca y miembro de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, desmintió al procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, quien había dicho que las investigaciones de la Procuraduría arrojaron que los internos de la Cárcel El Pinito que estaban golpeados eran fruto de una riña de presos y no de abusos de los agentes penitenciarios.
La coordinadora de la defensa pública de Moca afirmó que la Comisión de Cárceles se apersonó el 7 de noviembre al Centro Correccional El Pinito de la Vega a hacer un levantamiento rutinario que hacen anualmente para evaluar la condición del centro y de los internos, con una orden de autorización para entrar a todas y cada una de las áreas del centro de correción, dada por el director nacional de los centros de correción, Ismael Paniagua.
Abogados y familiares de internos también denunciaron que agentes penitenciarios «han masacrado» a una gran cantidad de internos y no los permiten visitarlos. El abogado Orlando Aracena Vásquez denunció que tampoco permitieron entrar a los abogados de la Defensoría Pública, y que hay internos con costillas rotas, brazos rotos y hematomas; dice que los agentes justificaron el acto diciendo que «se trató de un error», a la vez que asegura que los reclusos fueron maltratados por el Director Gabriel Victoria, los subdirectores Tapia, Jáquez, D’Oleo y Jaime, acompañados de un grupo de nuevos agentes penitenciarios. El director y estos agentes penitenciaros están sometidos legalmente por los abogados Orlando Aracena y Rusell Aracena, quienes aseguran tener una orden de un juez que ordena dejarlos entrar al centro penitenciario a ver a sus defendidos, y a pesar de esto en ocasiones no les permiten entrar.
La defensora pública reveló que cuando la comisión llegó al centro con la intención de hacer el levantamiento, no le permitieron entrar al pabellón B3 durante dos días. Asegura que los internos de otros pabellones le pedían a la comisión que entrara al pabellón B3 para que vean la condición de los internos, afirmando que una semana antes todos habían sido golpeados por los agentes penitenciaros.
Rodríguez Díaz afirmó que las autoridades del centro le dijeron que no podían ingresar al pabellón B3 porque tiene un «dificil acceso».
La miembro de la Comisión de Cárceles expresó que tiene el listado de 43 internos que se encontraban en ese momento en el pabellón B3, y especifica que pudieron investigar en conjunto con la unidad de investigación de la Defensa Pública de Santiago que la situación de la cárcel se trató de un abuso y un maltrato de las autoridades a todos los internos del pabellón B3.
La defensora pública dijo que le llama la atención que la Procuraduría haya dicho que no hubo abuso de parte de las autoridades, ya que una comisión de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo fue un día antes que la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, y pudieron constatar la situación y los golpes que tenían los internos.
Rodríguez Díaz aseguró que la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública pensaba que la Procuraduría haría un informe con responsabilidad.
La miembro de la Comisión de Cárceles explicó que la razón de este abuso de poder fue que cuando las autoridades iban a contar a los internos tal y como hacen diariamente, un interno dijo «reconteo», esto enfureció a un agente penitenciario y procedió a preguntar quien había dicho «reconteo», y al no recibir respuesta, los agentes penitenciarios golpearon a todo el pabellón B3.
La defensora pública asegura que los agentes penitenciarios que golpearon a los internos son reincidentes en este tipo de abusos, y afirma que ya le han remitido dicha información al director del centro y al procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
«El sistema del nuevo modelo no puede basarse en el maltrato. Los agentes están dañando el funcionamiento de los centros», expresó Rodríguez Díaz.
La defensora pública explicó que hicieron un informe con la entrevista del interno Luis Manuel Gutierrez, quien podría tener que ser sometido a una cirugía por haber recibido un golpe grave de parte de las autoridades en sus genitales, mientras asegura que todos los internos de ese pabellón fueron «salvajemente golpeados».
Rodríguez Díaz advirtió que tienen autorización para ingresar, y el Tribunal Consitucional les da la facultad de hacerlo, por lo que van a seguir con su investigación y van a llevar este caso hasta las últimas consecuencias.
