Representantes de las comunidades de Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Bocas, El Naranjo, El Rayo y El Higo han denunciado el despliegue de efectivos del Ejército Nacional para custodiar maquinaria pesada de la minera Barrick Gold, calificándolo como un uso inadecuado y autoritario de una institución de defensa pública para favorecer intereses corporativos.
En los últimos días, soldados y equipos militares han sido enviados a estas comunidades para escoltar maquinaria de la compañía minera, generando un ambiente de tensión y hostilidad en la región. Esta presencia militar, en zonas de acceso público, ha sido percibida como una intimidación hacia los residentes, quienes consideran esta medida como una violación de sus derechos y de su autonomía territorial.
Los líderes comunitarios advierten que la intervención militar en apoyo a Barrick Gold representa un acto de imposición y cuestionan el uso de recursos de seguridad pública en favor de una empresa privada. En lugar de proteger a la ciudadanía, argumentan que el Estado parece priorizar los intereses corporativos sobre los derechos y la seguridad de los habitantes locales.
Ante esta situación, las organizaciones comunitarias han formulado las siguientes demandas:
- La retirada inmediata de las fuerzas militares de la zona, para reducir la tensión y restaurar el respeto por los derechos de las comunidades.
- El inicio de un diálogo abierto entre las autoridades, la empresa minera y los ciudadanos afectados, con un enfoque en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.
- Una revisión exhaustiva de los protocolos para el uso del Ejército en contextos civiles, garantizando que la institución esté siempre al servicio del interés público.
Las comunidades afectadas hacen un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad civil para que apoyen esta denuncia y contribuyan a visibilizar la situación, exigiendo que el Estado cumpla su papel de defensor de la soberanía, la paz y los derechos de todos los ciudadanos, sin excepciones.
