Somos Pueblo – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la Resolución RIC-0106-2025 tras una investigación de oficio sobre la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2024-0012, convocada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la confección y adquisición de zapatos escolares correspondientes a los periodos 2025-2026 y 2026-2027.
La indagatoria se originó a raíz de denuncias difundidas en el programa televisivo El Informe con Alicia Ortega, en las que se señalaban supuestas irregularidades en el proceso de evaluación y adjudicación, así como posibles conflictos de interés y prácticas anticompetitivas.
Hallazgos principales
La DGCP informó que, tras el análisis del proceso, se detectaron vicios de legalidad en 98 de los 101 contratos adjudicados, que incluyeron la habilitación de ofertas con fallas no subsanadas, deficiencias en las visitas técnicas, peritos no designados oficialmente, garantías defectuosas y criterios de adjudicación poco claros.
El informe también señaló la presentación de documentos con indicios de falsedad por parte de varias empresas, como certificados de experiencia y evidencias crediticias, lo que dará lugar a procedimientos sancionadores e inhabilitaciones permanentes.
Asimismo, se identificaron omisiones en la publicación de decisiones sobre recursos de impugnación, ausencia de información clave en el expediente y falta de entrega de videos de visitas técnicas a 18 adjudicatarios, lo que, según el órgano rector, afectó la posibilidad de verificación independiente.
La investigación apuntó también a la existencia de vínculos familiares y societarios entre algunas empresas adjudicatarias, así como coincidencia de material fotográfico en propuestas distintas, lo que sugiere coordinación indebida que podría vulnerar la libre competencia.
Además, se determinó que 39 adjudicatarios presentaron garantías sin las condiciones obligatorias de ser “irrevocables, incondicionales y renovables”, incumpliendo la normativa vigente.
Medidas adoptadas
Entre las acciones dispuestas, la DGCP ordenó la anulación de adjudicaciones para 25 empresas y la reevaluación técnica, con peritos formalmente designados, de las propuestas de otras 11.
También notificó los hallazgos a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Ministerio de Educación, ProCompetencia y Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para investigaciones complementarias.
Se inició además un proceso sancionador y disciplinario contra funcionarios del INABIE, incluidos miembros del Comité de Compras y peritos involucrados, y se ordenó la publicación en el Portal Transaccional de los criterios de puntaje y de las respuestas a las impugnaciones.
La DGCP concluyó que las irregularidades detectadas afectaron de forma grave la transparencia, la igualdad y la competencia en un proceso que involucró más de 170 ofertas, comprometiendo la confianza en la contratación pública y la correcta ejecución del programa de distribución de calzado escolar.
