Somos Pueblo — La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este domingo que inició una investigación de oficio sobre tres procesos de compras ejecutados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), los cuales ascienden a más de seis mil setecientos millones de pesos. Los procedimientos están relacionados con la adquisición de poloshirts, pantalones, mochilas, kits de útiles y zapatos escolares para ser distribuidos en centros educativos públicos en los años escolares 2025-2026 y 2026-2027.
La investigación surge ante posibles irregularidades detectadas en las contrataciones, incluyendo la participación de proveedores presuntamente vinculados con conflictos de interés y posibles violaciones a la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, específicamente en su artículo 14, que establece el régimen de prohibiciones para la participación en licitaciones estatales.
Procesos bajo escrutinio
Los procesos actualmente bajo investigación corresponden a los códigos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, cuyas adjudicaciones suman un total de 457 contratos otorgados a 296 proveedores.
- El procedimiento INABIE-CCC-LPN-2024-0008, destinado a la confección y adquisición de poloshirts y pantalones escolares, fue adjudicado por un monto total de RD$2,805,641,397.
- El proceso INABIE-CCC-LPN-2024-0010, relacionado con mochilas y kits de útiles escolares, alcanza un valor de RD$1,366,802,472.
- Finalmente, el contrato INABIE-CCC-LPN-2024-0012, correspondiente a la compra de zapatos escolares, asciende a RD$2,558,786,104.
Todos los artículos están destinados a ser distribuidos en las escuelas públicas durante los dos próximos períodos escolares.
Posibles irregularidades y coordinación con otros órganos
Según explicó Contrataciones Públicas mediante comunicado oficial, la investigación se desarrolla en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, que tendrá a su cargo la verificación del tratamiento dado a los artículos, algunos de los cuales habrían sido importados y permanecen almacenados.
También se examina la actuación de la unidad requirente del Inabie, los informes técnicos de evaluación, así como el desempeño de los peritos involucrados en las visitas e inspecciones que sirvieron de base para las adjudicaciones.
La DGCP aseguró que utilizará los informes generados por el Programa de Cumplimiento Regulatorio y el Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva, herramientas internas que permiten identificar riesgos y anomalías en los procesos de compras estatales.
Medidas cautelares y participación de otros entes
Como medida cautelar, Contrataciones Públicas adelantó que solicitará a la Contraloría General de la República la suspensión del registro de los contratos firmados con los proveedores bajo investigación, hasta tanto se agoten las pesquisas y se determine si hubo faltas administrativas o legales.
De igual forma, la DGCP colaborará con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) para identificar posibles prácticas de colusión entre empresas o indicios de conflictos de interés que pudieran haber distorsionado el proceso competitivo.
Hasta el momento, la Dirección de Investigaciones y Reclamos de la DGCP no ha recibido recursos administrativos ni solicitudes de medidas cautelares por parte de los proveedores involucrados, aunque se mantiene abierta a recibir denuncias u observaciones que puedan fortalecer la investigación en curso.
Transparencia en el uso de fondos públicos
La investigación de estos procesos tiene lugar en un contexto de creciente exigencia ciudadana por mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados al sistema educativo público. El Inabie, encargado de garantizar el bienestar estudiantil a través de servicios y provisiones escolares, ha estado bajo observación constante en los últimos años debido a múltiples cuestionamientos sobre sus procesos de adquisición.
Las autoridades han reiterado que se garantizarán los derechos de los estudiantes a recibir los artículos escolares a tiempo, pero también que se actuará con firmeza si se confirma que hubo violaciones a la ley o prácticas que hayan comprometido la integridad de los procedimientos.
En espera de resultados
La Dirección General de Contrataciones Públicas reiteró su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el cumplimiento estricto de la normativa. Se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a reforzar los controles institucionales y a prevenir futuras irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la educación.
Mientras tanto, el caso continúa abierto, y la atención se centra en los informes que surgirán de los entes de control, así como en las posibles medidas disciplinarias o judiciales que podrían derivarse si se comprueban faltas graves en los procedimientos de adquisición escolar.
