Los abogados del coronel Ramón Guzmán Peralta acudieron la mañana de este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar que sean suspendidos o destituidos cinco fiscales “que hicieron un expediente falso” y acusaron al oficial de un presunto sabotaje electrónico de las elecciones municipales de febrero de este año, «con el presunto propósito de involucrar al candidato presidencial Luis Abinader en un supuesto sabotaje contra las elecciones municipales de febrero».
Joan Alcántara, Procurador General Adjunto, Milciades Guzmán, titular del Ministerio Público en Santo Domingo Este, José Guillermo Soriano, Fernando Quezada y Edward López Ulloa, titular de la fiscalía de Santo Domingo Oeste son los fiscales contra quienes se solicita la investigación y sanción forman parte de un grupo de confianza del procurador general de la República.
Joan Alcántara fue nombrado mediante el decreto presidencial 391-18 en fecha 2 de noviembre 2018 como Procurador General Adjunto, y su puesto es «fijo», no de carrera. Esto quiere decir que fue recomendado al presidente Danilo Medina por el Procurador Jean Alain Rodríguez para ser nombrado como su posible sustituto y el siguiente en la jerarquía de la Procuraduría General de la República. Joan Alcántara obedece jerárquicamente a Jean Alain, quien realmente manda en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Se recuerda que el 20 de febrero de este año un grupo de fiscales acusaron a Jean Alain Rodríguez y otros ficales de destruir la carrera del Ministerio Público. Dentro de los fiscales que acusan, «coincidencialmente» está Joan Alcántara, quien es un Procurador General Adjunto, sin ser de carrera.
De acuerdo a la denuncia, los funcionarios actuaron contrario al régimen disciplinario del Ministerio Público, en la medida en que solicitaron y ejecutaron una orden de arresto y allanamiento sobre la base de una falsa información, al decirle al juez de atención permanente que el coronel Guzmán Peralta “desde hace varios años estaba siendo investigado por tráfico de armas de fuego en todo el territorio dominicano, así como lavado de activo y terrorismo”.
Aseguran que los fiscales cometieron faltas disciplinarias “porque inobservaron el mandato constitucional de garantizar los derechos fundamentales, y mintieron al juez en la solicitud de orden de arresto y allanamiento y la ejecutaron a sabiendas de que estaba motivada en falsos presupuestos, todo ello con propósitos ajenos a la buena justicia”.
El alto oficial de la Policía Nacional, quien había sido asignado como escolta de Luis Abinader, estuvo detenido desde el 17 al 20 febrero en virtud de una orden de arresto y allanamiento dictada por el juez de atención permanente de la provincia Santo Domingo, para responder por una supuesta investigación en relación a delitos como tráfico de armas, terrorismo y lavado de activos.
El magistrado dispuso la libertad del oficial, luego de que los fiscales informaran que retiraban los cargos de la investigación atendiendo a una solicitud del Poder Ejecutivo, para que la OEA realizara la investigación. “Esto ocurrió, como se puede advertir, después de haber transcurrido más de 48 horas, que es el plazo constitucional en que el ciudadano Guzmán Peralta debió haber sido puesto en libertad”, dice el documento.
La denuncia disciplinaria recuerda que la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigó las presuntas irregularidades registradas en las fallidas elecciones de febrero consigna “no haber encontrado evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude”.
Los abogados advirtieron que tan pronto pase la situación de emergencia que vive el país debido al coronavirus, van a emprender demanda contra los fiscales para que paguen una indemnización por los daños y perjuicios entre el oficial.
