Santo Domingo, R.D. A un año y medio de la intervención del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) en la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, Inc. (Coop-Herrera), miles de ahorrantes continúan en la incertidumbre, sin poder recuperar sus fondos tras un desfalco que supera los 2,500 millones de pesos dominicanos.
La situación, que salió a la luz tras descubrirse un fraude masivo presuntamente perpetrado por los directivos de la entidad, ha dejado una profunda herida en el sector cooperativo dominicano. A pesar de los esfuerzos institucionales, la mayoría de los socios afectados aún no han podido recuperar sus ahorros, algunos de los cuales representan el trabajo de toda una vida.
El 21 de diciembre de 2023, Idecoop tomó medidas concretas al ordenar la conformación de un «Gobierno Corporativo» mediante la Resolución 020-2023. Esta comisión administradora, integrada por miembros de cooperativas socias, inversionistas y delegados de la propia entidad, tenía como mandato desarrollar una estrategia para la recuperación de los recursos de los asociados.
José Alejandro Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac), señaló en declaraciones a Diario Libre que «los depósitos de los ahorrantes deben ser resguardados y devueltos conforme al plan de recuperación, siguiendo el protocolo de intervención y devolución de fondos estipulado en la Ley 127-64.»
A pesar de que se estableció un plazo de tres meses para la presentación de un primer informe de avances, hasta la fecha no se han hecho públicos resultados concretos sobre la gestión de recuperación. La magnitud del problema se refleja en las cifras: hasta diciembre de 2022, Coop-Herrera registraba activos por un valor de 10,740 millones de pesos.
Entre los casos más preocupantes se encuentran personas que recibieron certificaciones financieras como pago por la venta de inmuebles adquiridos por los antiguos directivos. Según la solicitud de medidas de coerción, estos documentos carecían de respaldo financiero real, agravando aún más la situación de los afectados.
Rodríguez advierte que, ante un caso de esta magnitud, es fundamental mantener una estricta supervisión para proteger el dinero de los ahorrantes. Aunque reconoce que los pasos tomados por el órgano regulador han sido adecuados, la lentitud en la recuperación de los fondos sigue generando preocupación entre los afectados.
La situación de Coop-Herrera representa uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el sector cooperativo dominicano en su historia reciente, poniendo a prueba no solo la capacidad de respuesta institucional, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema cooperativo nacional.
