Los señores Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña desmintieron hoy cualquier vinculación con el Grupo Icat, que al parecer ha firmado un acuerdo con las autoridades judiciales para devolver dinero obtenido de transacciones relacionadas con pagos pendientes del Estado dominicano.
Aclararon que “es necesario precisar que respecto a un supuesto acuerdo con una empresa llamada ‘Grupo Icat’, en el cual, según un destacado periodista, se establece un mecanismo de pago al Estado dominicano con ‘obras futuras’, los señores José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera no tienen ninguna relación con dicha empresa.”
Los empresarios implicados en la “Operación Calamar” afirmaron que “en las negociaciones para la devolución de los montos generados por los pagos de expropiaciones, en ningún momento se discutió con la Procuraduría General de la República la posibilidad de cumplir estos compromisos con obras futuras.”
“Los montos establecidos en los acuerdos que recogen los criterios de oportunidad de los señores Crisóstomo Herrera y Ureña Pérez fueron el resultado de un ofrecimiento voluntario de devolución íntegra de las ganancias obtenidas por los pagos de expropiación,” señalaron.
Asimismo, desmintieron la afirmación de que Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña fueran actores clave en la estructura imputada por el Ministerio Público, subrayando que nunca han sido funcionarios o servidores públicos y, por lo tanto, no tenían prerrogativas o atribuciones para la toma de decisiones.
Crisóstomo y Ureña destacaron que se presentaron ante la Procuraduría General de la República de manera voluntaria para aclarar su participación en los hechos investigados. Aseguraron que todos los pagos recibidos por la empresa Trossachs Enterprises del Estado dominicano correspondían a trabajos de infraestructura ejecutados y entregados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
También negaron haber recibido pagos del Estado dominicano mediante el mecanismo de pago de expropiaciones por un monto de 7,615 millones de pesos. Asimismo, rechazaron cualquier participación en el “programa de financiamiento de contratistas del Estado” que involucró más de 21,000 millones de pesos.
Finalmente, los empresarios llamaron a la población y a la opinión pública a mantenerse atentos al desarrollo del proceso judicial, asegurando que en su transcurso se demostrará la veracidad de lo expuesto y se esclarecerán otros temas de gran importancia para el caso y el funcionamiento de las instituciones.
