CRONICA DE UNA USINA BORRASCOSA (1 de 2)
Por Juan Llado
Las muchas críticas al Informe de la Comisión Especial que examinó la idoneidad del proceso de licitación y adjudicación de la termoeléctrica de Punta Catalina han permitido tejer la siguiente crónica de lo sucedido. Esta enfoca los principales elementos del cuestionado caso, usando como fuentes testimonios diversos recogidos de programas de televisión donde comparecieron expertos calificados y otros analistas. En esta entrega se reporta sobre los Antecedentes, al Consorcio ganador y la Licitación, proveyéndose al final los enlaces digitales de las entrevistas consultadas. En una segunda entrega se cubre el Precio, el Financiamiento y la Terminación de la Obra, añadiendo un listado de referencias relevantes para el lector interesado en edificarse mejor sobre los problemas del sistema eléctrico.
ANTECEDENTES
A principios del gobierno del Presidente Medina en el 2012, la CDEEE no disponía de un plan de expansión. Sin embargo, había un amplio consenso de que la matriz de generación de energía eléctrica debía ser diversificada. De ahí que la licitación de Punta Catalina fuera precedida durante alrededor de siete años por aprestos de la CDEEE para orquestar la contratación de otras plantas a gas. La CDEEE inclusive había estado preparando una licitación para una planta de gas con la misma Odebrecht. Pero un año antes de la licitación de Punta Catalina el Presidente Medina tomó la decisión de cancelar ese proyecto y procurar el desarrollo de una planta a carbón, usando para ello las especificaciones técnicas de la planta de gas (cuya elaboración tuvo un costo aproximado de US$10 millones). Esta decisión fue improvisada porque no era parte de su Programa de Gobierno y de hecho ya habían contratos negociados para comprar energía (y no para producirla). Justo es decir que en la coyuntura la opinión más generalizada era que las plantas de carbón eran las más recomendables y la India y China tenían cientos de ellas en proceso de desarrollo. Esto así porque el gas no había todavía irrumpido sustancialmente en el mercado. Pero también debe señalarse que son las de carbón más contaminantes.
Consignando que el déficit de generación de energía eléctrica alcanzaría los 2,887MW para el 2016, el Decreto No.167-13 autoriza a la CDEEE a realizar los contratos correspondientes a dos nuevas plantas de 300MW cada una. En vista de que el déficit esperado presentaba una emergencia nacional, las disposiciones de la Ley No.340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones fueron obviados para agilizar esas contrataciones. La contratación de Punta Calina eventualmente se hace por solo 674.78MW netos, aunque en diferentes ocasiones se ha anunciado que son 720, 752 o 760. Estas últimas cifras se refieren a la potencia bruta ya que la misma operación de la planta origina un consumo de la energía producida. Puesto que el 31% de la electricidad servida por las distribuidoras se pierde actualmente, el aporte neto al suministro seria de no más de 465 megas solamente. De ahí que pueda afirmarse que el mayor problema eléctrico nacional no es el de generación, sino el de las pérdidas de las distribuidoras.
En enero del 2012 la CDEEE abrió una licitación por una planta de carbón que ganó un grupo estadounidense (Blackstone Group) que prometió sufragar todos los costos de capital y el financiamiento para que la planta fuera de su propiedad. Pero esa licitación fue eventualmente desestimada en favor de la contratación de una planta a Odebrecht con financiamiento brasileño y de otras fuentes. Un pool de bancos europeos, encabezado por Deutsche Bank y el préstamo asegurado por SACE, se comprometió a aportar un financiamiento de US$650 millones complementario al del BNDES (y de lo cual ha prestado unos US$300 millones hasta ahora).
La CDEEE vendió ante la opinión pública la planta a carbón de Punta Catalina como un esfuerzo para diversificar la matriz energética que acabaría con los apagones. Pero en ningún caso se hicieron esfuerzos por enmarcar estas gestiones en un plan de expansión del sistema eléctrico nacional. Actualmente un 45% de la generación es por fuel oil, pero en el 2019, cuando esté en funcionamiento Punta Catalina, se proyecta que la generación será de un 44% a carbón. En consecuencia, no se estaría diversificando la matriz sino dejándola igual a como esta.
CONSORCIO
Punta Catalina le fue adjudicada al consorcio formado por las empresas Constructora Odebrecht, Ingenieria Estrella y Technimont, donde las firmas tienen igualdad de derechos y obligaciones. Las tres son corresponsables por el proyecto y, por tanto, no estaría claro si jurídicamente podría separarse –o cancelarse– la responsabilidad de Odebrecht de las otras dos. La Ley No.340-06 fue violada en términos de los admitidos sobornos que Odebrecht pagó para agilizar la aprobación congresual del financiamiento del BNDES y del pool de bancos europeos y, en consecuencia, Odebrecht podría ser sacada de la obra, pero eso implicaría que las otras dos empresas tendrían también que ser sacadas. Las otras dos declararon eventualmente a la Comisión Especial que no están en capacidad de terminar la obra ellas solas, aunque se sabe que Technimont ha trabajado en 223 plantas de este tipo en el mundo.
LICITACION
El Comité de Licitación fue constituido por cinco empleados de la CDEEE –siendo uno de ellos Jeremías Santana, un ingeniero prestigioso– y dos representantes del Ministerio de la Presidencia (Ramon Flores e Isidoro Santana). La Comisión recomendó modificar la Ley de Contrataciones para que en lo adelante no haya ese predominio de empleados de la CDEEE.
Compitieron 34 empresas, de las cuales 15 presentaron documentos, 6 precalificaron y solo 4 presentaron ofertas (Odebrecht, Posco, Sepco, y Gezhouba). Con excepción de Odebrecht, todas tenían una amplia experiencia en el ramo, mientras Odebrecht figuraba asociada con Technimont, que, como se senalo anteriormente, había participado en 223 proyectos de ese tipo. Solo Odebrecht y el Grupo Andrade Gutierrez certificaron estar en capacidad de conseguir financiamiento por US$1,500 millones. El resultado de la evaluación de las ofertas, producido por la consultora Stanley Consultants, arrojó un 98 –sobre un mínimo de 80—para Odebrecht, mientras Gezhouba y POSCO sacaron un 71 y Sepco un 60. De ahí que solo Odebrecht pasó a ser considerada en la etapa de la apertura de las ofertas económicas.
De acuerdo al acápite 7.1.e de las Bases de la Licitación, Odebrecht certificaba en su oferta que no habían pagado sobornos ni en el país ni fuera del país para conseguir el contrato. Y en el Artículo 15 del contrato EPC también se establecía que la empresa no podía pagar sobornos. Eso fue violado de acuerdo a la misma Procuraduría General de la Republica y la empresa es también culpable de cohecho por violar lo establecido por los normas de la Cámara de Comercio Internacional al respecto. Como no es necesario conocer los nombres de los sobornados, esa sola violación es suficiente para justificar la exclusión de Odebrecht de los trabajos de la obra. El Estado Dominicano puede rescindir el contrato, pero tendría que pagarle al consorcio un 10% de lo todavía no desembolsado. Según uno de los expertos, los incumplimientos de Odebrecht no necesariamente arrastran a las demás firmas del consorcio.
Odebrecht tampoco cumplió con su obligación, establecida en las Bases, de ofrecer el financiamiento porque BNDES canceló el compromiso como resultado del estallido del escándalo Lava Jato en Brasil. En el contrato EPC final Odebrecht fue descargada de esa obligación y solo se le comprometió a asistir al Estado Dominicano en la búsqueda del financiamiento.
Las Bases, elaboradas por la consultora Stanley Consultans que fue contratada para organizar el proceso por US$630,000, establecían que la evaluación final, que incluía la oferta económica, debía hacerse con por lo menos dos firmas oferentes. Como solo llegó una oferta económica, lo que hicieron fue crear un oferente virtual o teórico (lo cual no está en las Bases). El competidor virtual arrojó una diferencia en el precio del kilovatio hora de solo US$0.37 centavos con relación a la oferta del consorcio. Este procedimiento fue avalado por la Resolución No.30 del Consejo de Administración de la CDEEE de fecha 30 de noviembre del 2013. Pero en vista de que las Bases establecían que se requería dos ofertas económicas para una decisión de adjudicacion, la licitación debió anularse por completo y ser declarada desierta. Eso fue lo que recomendaron los señores Ramon Flores e Isidoro Santana, quienes luego se retiraron del Comité de Licitación por no estar de acuerdo con la selección sobre la base de un oferente y porque solo le permitieron ver los resultados de la evaluación de las ofertas (por parte de Stanley Consultants) contenidos en una diapositiva de Powerpoint.
La consultora FTI criticó en su informe los resultados de las evaluaciones porque Stanley no ofreció explicaciones sobre las bases de las puntuaciones. FTI también opinó que el Comité de Licitación pudo haber dado una oportunidad a los otros oferentes para modificar sus propuestas a fin de no terminar con un solo oferente para la etapa de la evaluación económica. Ese criterio fue sostenido también por los señores Flores y Santana.
En el largo periodo de investigación de la Comision Especial, uno de sus miembros denunció sentirse indignado por las actuaciones de Stanley Consultants y advirtió que eventualmente el Ministerio Publico debía investigarla. Luego el Ministerio Público solicitó a la Cámara de Cuentas hacer la investigación, a la cual se le exige que cumpla con su ley y sus competencias. Por otro lado, un consorcio de la Fundación Economía y Desarrollo, la consultora Deloitte y la consultora Paribas hicieron la evaluación económica que resultó en la generación de un concursante virtual. Se reporta que la primera de esta entidades cobró emolumentos por US$750,000 por este trabajo.
