Somos Pueblo – A casi dos meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que provocó la muerte de 235 personas y dejó más de 180 heridos, cuatro nuevas denuncias fueron presentadas este miércoles ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat López y Ana Grecia López. Los querellantes acusan al Ministerio Público de inacción, al no haber iniciado procesos penales ni interrogado a los responsables, pese a la magnitud del hecho.
Plutarco Jáquez, abogado de varias de las víctimas, confirmó que las denuncias fueron presentadas en nombre de Chrismarlyn Altagracia Encarnación Contreras, quien resultó herida en el suceso, así como de familiares de una víctima fallecida y otra persona lesionada.
Jáquez denunció que han transcurrido 54 días desde el incidente sin que la Fiscalía haya citado a los propietarios del establecimiento. “El Ministerio Público está en la obligación de iniciar acción pública contra los responsables, comenzando por interrogar a los dueños del Jet Set”, afirmó.
El abogado criticó que, hasta el momento, las actuaciones del Ministerio Público se han enfocado exclusivamente en las víctimas, sin extenderse a quienes, a su juicio, tenían responsabilidades administrativas o legales sobre el local.
Recordó que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, declaró recientemente al periódico Listín Diario que se estaban entrevistando a víctimas y testigos, pero enfatizó que los interrogatorios deben incluir a los propietarios y administradores, por su posible conocimiento sobre las condiciones estructurales del inmueble.
Jáquez también se refirió a declaraciones públicas ofrecidas por Antonio Espaillat durante una entrevista en el programa El Día, donde, según dijo, admitió tener conocimiento del deterioro estructural del techo desde hace casi 30 años, sin haber tomado medidas correctivas. “Con esas declaraciones, reconoció haber incurrido en un ilícito penal por negligencia”, sostuvo.
Las acciones legales en curso superan ya las 40 denuncias y querellas, algunas de las cuales también responsabilizan al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, alegando fallas en la supervisión y cumplimiento de normativas de seguridad.
Entre los señalamientos más relevantes figuran acusaciones por homicidio involuntario, negligencia y presuntas fallas estructurales previas, así como la instalación de equipos pesados en el techo que habrían contribuido al colapso.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido una respuesta formal a las nuevas denuncias ni ha informado públicamente sobre avances concretos en la investigación. Los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y acciones legales contra los responsables.
