El abogado Julio Cury criticó hoy a la Unidad de Bienes Incautados del Ministerio Público, calificándola como un apéndice que actúa fuera de la ley y que claramente no tiene las competencias necesarias. Según Cury, la Ley núm. 72-02 sobre Lavado de Activos establece que la administración de los bienes incautados debe estar a cargo de la Oficina de Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados (OCABID).
Cury explicó que esta responsabilidad se transfirió al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), según la Ley núm. 60-23. Sin embargo, argumentó que el INCABIDE es inoperante debido a que el Ministerio Público retiene los bienes en “manifiesta violación de la ley y alterando el orden constitucional”.
El jurista afirmó que la custodia ilegal por parte del Ministerio Público demuestra “la irreverencia de algunos miembros del Ministerio Público hacia el Estado de derecho”. Destacó que el Tribunal Constitucional ha expresado “su profunda preocupación” por la actuación del Ministerio Público, llamándolo a ajustarse a la legalidad, citando sentencias recientes como TC/0715/18, TC/0733/18, TC/0249/19, TC/0290/19, TC/0293/21, TC/0263/23 y TC/0277/24.
Cury señaló que, para los fiscales de la Unidad de Bienes Incautados, el principio de legalidad es “debilitado y meramente nominal”, ya que sus acciones parecen arbitrarias. Advirtió que si el Tribunal Superior Administrativo no endurece su postura y no condena a los fiscales que cometen actos ilegales, el Estado de derecho podría estar en peligro.
El abogado también denunció que los fiscales bajo la dirección de Damia Veloz Hernández se niegan a entregar bienes incautados a personas a quienes se les han dictado sentencias absolutorias o autos de no ha lugar. Cury instó al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien preside el Consejo Directivo del INCABIDE, a reclamar el traspaso de los bienes que el Ministerio Público mantiene de manera ilegal.
