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La sentencia del Tribunal Constitucional 7declara “la inconstitucionalidad del artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos” y que penaliza con tres meses a un año de cárcel a quienes divulguen “mensajes negativos” por las redes sociales contra precandidatos y organizaciones políticas.
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