SANTO DOMINGO.- El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que los motores son detenidos por los agentes de tránsito sin ningún tipo de criterios, “tampoco garantía de que al momento de devolver los vehículos sean en las mismas condiciones en que fue detenido que es parte de los problemas que existen”.
Denunció que el denominado Canódrono «El Coco» es un antro donde funciona una estructura de corrupción, en la que se vulneran los derechos de los ciudadanos.
Ulloa manifestó que, pese a que fue destituida ayer la coronela Isabelita de los Santos Pérez, en el canódromo supuestamente hay un contubernio que va más allá de una oficial.
“Ahí hay un contubernio que va más allá de una coronela, están asociados a los fines de extorsionar y chantajear y fueron los mismos que nos agredieron, eso es una asociación de malhechores ahí”, denunció Ulloa.
«Lo primero que la Digesett debe hacer es un inventario. Ellos no tienen conocimiento alguno de lo que existe ahí. Ahí hay montañas de motores que ningún tipo de criterios tienen. Por lo tanto si tú no sabes lo que tiene como bien no puedes aplicar un proceso administrativo», dijo Ulloa.
El funcionario conversó con los periodistas luego de reunirse este martes con el presidente Luis Abinader a quien le explicó las supuestas irregularidades que comenten los agentes de la Dirección General de Tránsito y Seguridad (Gigesett) al momento de retener vehículos de motor.
Indicó que al momento de la retención debe haber un acto de la administración (un recibo) en el cual indique quién fiscalizó, a donde fiscalizó, porqué fiscalizó y a qué lugar fue trasladado el vehículo en cuestión.
«Mucha gente se desmonta de lugares y cuando regresa no sabe dónde está su vehículo y cree que se lo robaron y fue que se lo llevó la grúa», sostuvo Ulloa.
Dijo que cuando se producen esas situaciones tampoco les dicen a donde se llevaron el vehículo y la gente empieza a dar vueltas hasta dar con el lugar a donde la Digesett se lo llevó.
Explicó que cuando los propietarios van a la Independencia les dicen que fue en la Colombia y cuando llegan allí nadie le da explicaciones.
El funcionario se preguntó «¿Qué pasa con ese vehículo cuando le dañan una pieza o se le pierde o que es maltratado? Entonces, la Digesett debe dar respuesta. El Estado está para garantizar la propiedad privada.»
FUENTE: SIN – DIARIO LIBRE
