Somos pueblo – Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, a través de su Secretaría General, ha emitido una comunicación oficial dirigida al viceministro Ing. Lenin Bueno Rodríguez, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con la notificación núm. 177/2025. Esta acción responde a una intimación presentada por los ciudadanos Hernani Aquino y Ricardo Ripoll, afectados por presuntas irregularidades en la aplicación de la Ley núm. 225-20, General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia ambiental.
La institución enfatiza la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la población frente a impactos ambientales derivados de la gestión inadecuada de desechos.
En el documento, el Defensor del Pueblo detalla que la notificación surge de un caso específico involucrando la importación y comercialización de productos plásticos no biodegradables sin los debidos requisitos exigidos por la ley.
Se hace referencia a la infracción de normativas como la Ley núm. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Código para el Sistema Nacional de Medio Ambiente (INDOCAL), destacando la responsabilidad del Ministerio en la supervisión de estos procesos. La comunicación insta a las autoridades a actuar con celeridad para evitar sanciones y promover prácticas sostenibles, recordando que el Estado tiene la obligación de velar por la salud pública y la preservación del entorno.
El exhorto incluye recomendaciones concretas para fortalecer los controles en la cadena de producción y distribución de plásticos, promoviendo la transición hacia materiales biodegradables y la implementación de programas de reducción de residuos. Se subraya la importancia de coordinar esfuerzos con otras instituciones, como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para alinear las políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta medida busca no solo resolver el caso particular, sino también prevenir futuros incumplimientos que afecten la calidad de vida de las comunidades dominicanas.
El Defensor del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos ambientales como parte integral de los derechos humanos, invitando a la ciudadanía a reportar irregularidades a través de sus canales oficiales. “La protección del medio ambiente es un deber colectivo que requiere acción inmediata y coordinada de todas las instituciones”, señaló la entidad.
