Somos Pueblo | El señor Danny Israel Santos Comprés fue supuestamente destituido de su cargo como viceministro de construcción del Ministerio de Vivienda durante la pasada semana. Se informó que la noticia no ha trascendido en los medios tradicionales, a pesar de que el exfuncionario ya no figura en la nómina pública. Se alega que Santos Comprés y su constructora son los responsables directos de un grave ecocidio y la depredación del Cinturón Verde de Santo Domingo. Se presume que, al perder su investidura oficial, la justicia debería actuar con mayor celeridad frente a las querellas presentadas.
La denuncia sostiene que el proyecto «Balcones del Cerro» continúa avanzando de manera acelerada, trabajando incluso en horarios nocturnos para evitar ser detenidos. Se informó que el procurador medioambiental, Francisco Contreras, supuestamente posee desde noviembre un informe técnico de la UASD que valida las atrocidades cometidas. Se alega que el estudio de impacto ambiental presentado por la constructora contiene datos falsos, lo cual es causa suficiente para la cancelación del permiso. Se presume que existe una omisión deliberada por parte de las autoridades competentes al no detener la obra.
De acuerdo con el informe de la comisión de la UASD, se determinó una remoción masiva de material con cortes de hasta 30 metros de profundidad. Se informó que el daño ecológico es calificado como crítico y de difícil reversión, afectando gravemente la flora y fauna local. Se alega que el proyecto se levanta a solo 46 metros del Arroyo Manzano, violando flagrantemente la franja de protección de 50 metros establecida por ley. Se presume que el permiso otorgado originalmente carece de legitimidad técnica al basarse en descripciones geológicas e hidrológicas que no corresponden a la realidad.
Finalmente, la Junta de Vecinos de Cuesta Brava cuestionó el silencio de varios viceministros de Medio Ambiente que recibieron el expediente en diciembre. Se informó que entre los funcionarios notificados figuran Carlos Augusto Batista, José Elías González y Lenin Ramón Bueno. Se alega que, a pesar de las recomendaciones de paralización inmediata y la necesidad de un plan de remediación, los camiones siguen operando en el sitio. Se presume que la vigilancia ciudadana se mantendrá firme exigiendo que el Ministerio Público actúe contra los responsables de este atentado contra el patrimonio natural.
