Santo Domingo, 31 de julio de 2025 — En el marco del debate legislativo sobre la reforma al Código Penal de la República Dominicana, la diputada Altagracia de los Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó su desacuerdo con la inclusión del abuso sexual dentro del matrimonio como delito penal.
Durante su intervención en la sesión del miércoles por la noche en la Cámara de Diputados, la legisladora, quien también se identifica como pastora evangélica, sexóloga, psicóloga y terapeuta familiar, cuestionó la propuesta de que un cónyuge pueda ser acusado de violación dentro del matrimonio. De los Santos argumentó que dicha tipificación legal podría prestarse a falsas denuncias y a «abusos» por parte de mujeres, según sus palabras.
“Cuando la gente se casa, es para tener relaciones sexuales. Nadie se casa con una momia ni un robot”, afirmó la diputada, al tiempo que expresó preocupación por las posibles consecuencias legales: “¿A ese hombre le van a meter de 10 a 20 años? ¿Quién va a investigar eso? ¿Quién va a estar chequeando si la violó o no la violó?”, cuestionó.
En la misma intervención, de los Santos celebró que el proyecto de ley excluyera nuevamente las denominadas “tres causales” del aborto, que permitirían la interrupción del embarazo en casos específicos: cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el feto sea inviable con la vida o cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto.
“Qué bueno que sacaron las tres causales”, expresó. “Aquí estamos nosotros para defender a aquellos inocentes”.
El proyecto de ley de reforma al Código Penal fue aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados a las 3:00 a. m. del jueves, tras más de 50 intervenciones en el hemiciclo. La votación concluyó con 159 votos a favor y cuatro en contra. La pieza legislativa, que busca sustituir al código vigente desde 1884, ahora será enviada al Senado, donde solo resta una lectura para su eventual aprobación definitiva.
El nuevo Código Penal ha generado un intenso debate público y político, debido a la exclusión de las tres causales del aborto y la polémica en torno a otros temas como la penalización del feminicidio, el endurecimiento de las penas y el tratamiento legal de la violencia intrafamiliar. Organizaciones sociales, médicas y de derechos humanos han manifestado su oposición a varios aspectos del proyecto, alegando retrocesos en materia de derechos fundamentales.
De ser aprobado por el Senado y sancionado por el Poder Ejecutivo, el nuevo Código Penal entraría en vigencia un año después de su promulgación oficial.
