Somos Pueblo – Santo Domingo. – La Cámara de Diputados aprobó este viernes en segunda lectura el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles, una normativa que busca regular las relaciones entre propietarios e inquilinos en todo el país. La pieza, que ahora pasa al Senado, ha sido modificada tras intensas críticas de sectores sociales, financieros y jurídicos.
Uno de los puntos más debatidos fue el número de depósitos exigidos al momento de alquilar. Con la nueva versión del proyecto, se establece que no podrán ser más de tres depósitos para viviendas. En el caso de los inmuebles comerciales, el monto será negociado libremente entre las partes, sin tope definido.
Otro cambio importante es que los aumentos de renta no podrán exceder el 10 % del precio anterior, y solo podrán hacerse si ambas partes lo acuerdan por escrito. Esta medida busca evitar aumentos abusivos y proteger a los inquilinos de alzas desproporcionadas.
Cambios claves al proyecto original
- Se eliminó la obligación de que, en caso de venta del inmueble, el propietario tuviera que ofrecerlo primero al inquilino.
- Los depósitos ya no serán guardados en cualquier banco; ahora deberán ir exclusivamente al Banco Agrícola o Banreservas, con acuerdo previo.
- Se aclara que los contratos podrán renovarse por mutuo acuerdo una vez vencido el plazo.
- El incumplimiento de pago cancela el contrato automáticamente, sin necesidad de cláusulas especiales.
- Los daños a la propiedad solo serán responsabilidad del inquilino si estos fueron causados por su uso directo.
- Los desalojos deben ejecutarse conforme a la Ley 396-19, que regula el uso de la fuerza pública. Se eliminaron penas de cárcel para desalojos sin orden judicial, como se contemplaba antes.
Próximo paso: el Senado
La pieza, de la autoría del diputado Alfredo Pacheco, deberá pasar ahora por el Senado, donde será nuevamente estudiada y votada. Si es aprobada en dos lecturas sin modificaciones, se convertiría en ley una vez promulgada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley busca equilibrar derechos y deberes entre inquilinos y propietarios, en medio de un contexto donde los precios de alquileres han aumentado en distintas zonas del país y donde la informalidad en los contratos sigue siendo un problema frecuente.
