El cobro de las multas a personas que violentan el toque de queda no es bien visto por los legisladores en la Cámara de Diputados, por considerar que la imposición de impuestos es una facultad del Congreso Nacional.
José Horacio R. (ALPAÍS): “Nadie debe violar las disposiciones del toque de queda. Ahora bien, las multas anunciadas por el Gobierno a través de la Procuraduría no son correctas, pues no se encuentran amparadas en la ley. Como legislador haremos lo posible por subsanar ese vacío”.
Omar Fernández (FP): “No puedo estar de acuerdo con una sanción de naturaleza penal que no sea resultado de una ley. Es lo que resulta del principio de estricta legalidad que gobierna el derecho penal. Lo de las multas por toque de queda NO es correcto”.
Gustavo Sánchez (PLD): Dijo que lo correcto es que el organismo acuda a la Cámara de Diputados e informe bajo qué condiciones y qué competencia tiene para imponer multas a los ciudadanos.
Máximo Castro (PRSC): Catalogó como “abusivo” el cobro de esas multas y señaló que las familias de bajos recursos serán las más afectadas con dicha medida.“Ellos no tienen facultad para hacer eso (cobro de multas), aunque andan buscando argumentos, pero hasta donde yo entiendo, el único poder que tiene derecho para imponer impuestos es el Congreso Nacional”, dijo.
Amado Díaz (PRM): Explicó que ese tipo de disposiciones son exclusivas del Congreso Nacional y que la Ley 142 del Ministerio de Salud Pública estable la colocación de multas, pero se debe ir ante la presencia de un juez para que sea el encargado de homologar esa posibilidad.
Luis Henríquez (PLD): “Nunca debió de ser aplicada porque no tiene un asidero legal el cobro de estas multas, por eso se sometió una resolución para que el presidente tome las medidas correspondientes en torno a esa problemática”.
Carlos Amarante (PLD): dijo desconocer a dónde va el dinero que se le cobra a los ciudadanos por multas. Sometió una resolución solicitando a Abinader ordenar a la Procuraduría suspender todas las multas que se impongan a personas detenidas durante el estado de emergencia y toque de queda.
La pieza fue remitida a la Comisión de Hacienda con plazo fijo de 15 días para su estudio, estas resoluciones se hacen a modo de exhortación y dependerá del presidente si acoge la solicitud o no.
