Diputados opositores y oficialistas coincidieron este lunes que se eliminen las exoneraciones que perciben por su investidura, pero mantienen la postura de que también se deben eliminar beneficios a todas las instituciones del Estado.
“Este tema amerita del esfuerzo y del sacrificio de todos, para contribuir a engrandecer las finanzas de la República Dominicana, en ese sentido, el esfuerzo y el sacrificio no solo debe ser del legislador, sino de todos los sectores del Estado que se benefician y que por muchos años están disfrutando de esa bonanzas y de esa facilidad de exoneraciones”, dijo el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Ignacio Aracena.
El diputado del PRM, Omar Rojas, sostuvo que, no solo los diputados tienen privilegios, sino que también lo tienen muchas instituciones, como la empresa Barrick Gold, que también hay que quitárselos.
“La Barrick Gold recibe 20 millones de dólares de gasoil exonerado anual y nadie habla de eso”, indicó Rojas.
El oficialista, Amado Díaz, expresó: “Estoy de acuerdo con la eliminación de los privilegios, pero como las monjitas; que se eliminen las de los empresarios, las de las iglesias, todas”, puntualizó Díaz.
Los legisladores son cuestionados en la República Dominicana por recibir dos exoneraciones durante el período de cuatros años en los cuales ejercen. Estas exoneraciones, en muchos casos, las venden a ciudadanos que adquieren vehículos de alta gama por los cuales de traerlos sin exoneraciones pagarían millones de pesos en impuestos.
Para el diputado peledeísta, Emmanuel Morales, el sueldo que gana en esa posición, deben regalarlo en sus territorios que representa, y a diario sufren exigencias por parte de la población, debido a que el mismo no entiende que un diputado está creado para fiscalizar y representar, sino que entienden que estos deben llevar planes sociales a sus demarcaciones.
Este lunes el periódico Diario Libre publicó el acta de una reunión sostenida entre los miembros de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados e invitados, que expresan que si sus salarios, que rondan entre RD$175,000 y RD$320,000 al mes (sin incentivos), se reducen, quedarían de “rodillas” frente al Estado y sectores empresariales, cuando les ofrezcan dádivas para aprobar algunas iniciativas.
FUENTE: DIARIO LIBRE
