El ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, defendió el pago de expropiaciones investigadas por el Ministerio Público y la Unidad de Antifraude de la Contraloría General.
En un documento enviado a los medios de comunicación, la defensa del ex funcionario indica que todos los terrenos se expropiaron como establece la ley.
“Respecto a los casos puntuales de expropiación, podemos advertir claramente lo siguiente. Todos los terrenos fueron expropiados, sea por decreto y/0 por mandato de la Ley 202-04, sobre Áreas Protegidas”, aclara el ex ministro de Haciendas.
Asimismo, indica que “todos los herederos fueron pagados, con su debida constancia. Y habían sido determinados –individualizados– con el cumplimiento de los procesos legales correspondientes; determinación de herederos o por sentencia de tribunal competente”.
La defensa del exministro dice que el Ministerio Público le ha violentado sus derechos. Atribuye al MP la filtración de información relativa a la investigación en su contra. Dice que el órgano investigador no le ha proporcionado esos documentos a su defendido.
Expresa que “no obstante, el actual desarrollo de los acontecimientos, las evidentes filtraciones y la manipulación de la información; convierten en un imperativo nuestra intervención ante la opinión pública. No sin antes advertir, las múltiples violaciones a nuestros derechos constitucionales y legales”.
Guerrero también cuestiona la validez del informe elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría relativa al pago de las referidas expropiaciones.
“Cuál es la fiabilidad de un documento de trámite que el incumbente de la Contraloría; ni siquiera firma y pretende otorgarle validez mediante una carta de remisión recientemente aparecida. Pero que no circula con ninguna de las versiones filtradas del informe”, puntualiza.
Asimismo, indica que “todos los herederos fueron pagados, con su debida constancia. Y habían sido determinados –individualizados– con el cumplimiento de los procesos legales correspondientes; determinación de herederos o por sentencia de tribunal competente”.
«La situación de los herederos no pagados obedece a una situación de ejercicio de un derecho. Es decir, estos no se mostraron de acuerdo con el monto fijado por metro cuadrado. Y al efecto, optaron o aún tienen la opción de ejercer la acción judicial correspondiente: una demanda en justiprecio. Esta deberá ser conocida por el tribunal competente que decidirá sobre ello, obligando al Estado a pagar el precio judicialmente fijado en favor de aquellos.», asegura la defensa.
FUENTE: CDN
