Somos Pueblo — La violencia que sacude a Haití cobró esta semana un nuevo y trágico capítulo con el asesinato de dos monjas de la orden de Santa Teresa en la ciudad de Mirebalais, en el centro del país. El hecho ocurrió el lunes 31 de marzo, durante una ofensiva armada de la coalición criminal Viv Ansanm, que desde entonces mantiene bajo asedio a la comunidad. Las víctimas fueron identificadas como Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire, según confirmó el arzobispo metropolitano de Puerto Príncipe, Max Leroy Mésidor.
El asesinato de las religiosas ha causado consternación dentro y fuera del país, al tiempo que pone en evidencia la creciente incapacidad del Estado haitiano para contener la violencia generalizada que se ha extendido desde la capital hacia otras regiones.
Una ciudad sitiada por la violencia
Desde el inicio del ataque el pasado lunes, Mirebalais ha sido blanco de múltiples acciones violentas por parte de grupos armados. La comisaría de policía, la prisión civil y diversos comercios privados fueron objeto de asaltos. Uno de los hechos más alarmantes fue la fuga de 529 reclusos, lo que ha generado mayor preocupación entre los habitantes de la zona.
El delegado del Gobierno en Mirebalais, Frédérique Occéan, describió un panorama desolador: cadáveres en estado de descomposición cubren las calles, mientras el hedor se extiende por toda la ciudad. La presencia de las autoridades municipales es inexistente y muchos de los residentes han optado por huir ante la amenaza constante de los grupos armados.
Medios locales reportan que los delincuentes tienen ahora como próximo objetivo el Hospital Universitario de Mirebalais, una de las principales infraestructuras sanitarias del país, lo que podría agravar aún más la crisis humanitaria en la región.
Protestas en Puerto Príncipe
El clima de inseguridad ha generado una ola de indignación que se manifestó este miércoles en las calles de la capital. Miles de personas salieron a protestar ante el continuo deterioro de la situación nacional y la aparente inacción de las autoridades. La movilización incluyó tanto a ciudadanos desplazados que actualmente viven en campamentos como a residentes de sectores amenazados por las bandas, como Canape-Vert, Turgeau, Carrefour-feuilles, Pacot, Debussy, Delmas y otras zonas de Puerto Príncipe.
Los manifestantes se dirigían hacia la Ville d’Accueil, sede del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y del Gobierno provisional, cuando fueron dispersados por la Policía Nacional de Haití con gases lacrimógenos.
La protesta dejó en evidencia el agotamiento de la población ante una crisis que ha superado los límites del control estatal. La pérdida de vidas humanas, la expansión de los territorios ocupados por las bandas, y el colapso de servicios básicos configuran un escenario de extrema vulnerabilidad para la mayoría de los haitianos.
Cifras alarmantes de la violencia
De acuerdo con cifras verificadas por la Organización de las Naciones Unidas, sólo en lo que va de 2024 la violencia en Haití ha provocado al menos 5,626 muertes —un millar más que en el mismo período del año anterior—, 2,213 personas heridas y 1,494 secuestradas. Estas estadísticas reflejan una situación de emergencia nacional que amenaza con profundizar la ya crítica crisis política, social y humanitaria.
El asesinato de las dos religiosas ocurre en un contexto donde el Estado haitiano ha sido prácticamente rebasado por el poder de las bandas armadas. Estas organizaciones criminales han ampliado su influencia territorial, desafiando abiertamente a las fuerzas del orden y sembrando el terror en diversas comunidades.
Un llamado urgente a la acción
La muerte de Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire no solo representa un acto de barbarie contra la vida humana, sino también una muestra clara del grado de descomposición institucional que enfrenta Haití. La falta de control del territorio, el colapso del sistema de justicia y la ausencia de una respuesta eficaz ante los ataques ponen en evidencia la necesidad urgente de una intervención coordinada para restablecer el orden y la seguridad.
Tanto la comunidad internacional como los organismos regionales han expresado su preocupación por la escalada de violencia, pero las acciones concretas siguen siendo limitadas. Mientras tanto, la población haitiana continúa enfrentando día tras día las consecuencias de un conflicto que parece lejos de llegar a su fin.
Con un gobierno provisional debilitado y una sociedad al borde del colapso, Haití atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La situación exige una respuesta urgente, no solo para atender la emergencia humanitaria, sino para sentar las bases de una recuperación política, social e institucional que garantice a los haitianos el derecho a vivir en paz.
