Washington, D.C. El Gobierno de Joe Biden anunció este viernes un paquete de sanciones y restricciones contra el régimen de Nicolás Maduro, tras considerar su reciente toma de posesión presidencial como un acto «fraudulento».
Entre las medidas destacan el aumento de recompensas por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro y altos funcionarios de su régimen, como Diosdado Cabello Rondón y Vladimir Padrino López, acusados de narcotráfico y corrupción. Cada recompensa, que ahora asciende a 25 millones de dólares, alcanza el límite permitido por el programa de recompensas del Departamento de Estado.
Asimismo, se han implementado nuevas restricciones de visado dirigidas a funcionarios vinculados a la manipulación del proceso electoral en Venezuela y sanciones individuales a ocho figuras clave en sectores económicos y de seguridad, incluyendo al presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y al ministro de Transporte.
Maduro fue declarado vencedor de las elecciones de julio por las autoridades electorales bajo control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, la oposición venezolana, liderada por Edmundo González, ha sostenido que ganó los comicios con el 67% de los votos, según recuentos avalados por organismos como el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia.
Reacciones internacionales
En una rueda de prensa, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que Maduro ha demostrado «un total desprecio por las normas democráticas» con esta toma de posesión. Agregó que el régimen venezolano ha ignorado reiterados llamados internacionales para restaurar la democracia en el país.
Por otro lado, se informó que la líder opositora María Corina Machado fue detenida brevemente durante una protesta contra la juramentación de Maduro, según reportó CNN.
Extensión del TPS para venezolanos
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos. Este beneficio, que protege contra la deportación y otorga autorización laboral, se ampliará por 18 meses más, permitiendo que aproximadamente 600,000 venezolanos mantengan su estatus legal siempre que se registren y cumplan con los requisitos establecidos.
“Bajo esta extensión, los beneficiarios actuales podrán conservar su TPS hasta mediados de 2026″, declaró un funcionario gubernamental.
Desafíos futuros
Aunque las medidas buscan presionar al régimen de Maduro, persisten interrogantes sobre las acciones que la próxima administración estadounidense podría tomar en relación con las políticas migratorias y sanciones. La Casa Blanca ha reiterado su compromiso con los procesos democráticos en Venezuela, dejando abierta la puerta a futuras acciones en caso de que no haya cambios significativos en el país sudamericano.
