El sistema se protege a sí mismo. Muestra de este blindaje son sus instituciones y sus leyes. Hace unos días, desde Somos Pueblo solicitamos vía acceso Oficina de Acceso a la Información Pública los nombres de las principales empresas evasoras de impuestos en el país, luego de que a finales del año pasado la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentara como un logro la reducción de la evasión del ITBIS a poco más de un 36 por ciento.
Es decir, el Estado dominicano pierde unos 36 pesos de cada 100 que debe recaudar, solo por ese concepto, porque unos prefieren no cumplir con sus obligaciones tributarias, al margen de las normas. En resumen, son delincuentes que no son sometidos a la justicia por sus acciones en perjuicio del Estado y encima son encubiertos legalmente por el sistema jurídico dominicano.
La respuesta que recibimos es que, amparados en el artículo 47 del Código Tributario, no pueden ofrecer lo requerido. Dicho acápite de la ley establece que “las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros por cualquier medio, en principio tendrán carácter reservado…”
Pero este es solo un caso de cómo se cubre el desigual sistema al que estamos sometidos. Durante la semana que concluyó, el ratificado presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, justificó el financiamiento a los partidos políticos, pese a que existe un rechazo creciente a que el pueblo llano con sus impuestos, los mismos que evaden los grandes empresarios, pague por la incompetencia que caracteriza a las organizaciones políticas dominicanas.
El argumento del magistrado presidente fue que ese financiamiento busca compensar “las desigualdades en la captación de recursos privados, permitiendo que organizaciones con menos presupuesto puedan cumplir sus funciones y competir con posibilidades reales”. O sea, los fondos son para que quien quiera involucrarse en la politiquería dominicana pueda guisar, aún cuando sus propuestas no calen en la población o en sectores en los que puedan captar recursos para cumplir sus objetivos.
En teoría suena bien pero, ¿qué pasa cuando en la práctica esos partidos se adhieren como bisagras a otro más grande para gestionar algunos carguitos? Eso es lo que sucede en la práctica, eso es el mercado político dominicano. No podemos crear leyes para que suenen bonitas sino para que funcionen en la descompuesta sociedad en la que vivimos, y la que creemos que puede ser mejorada a través de iniciativas legislativas transformadoras, justas para los dominicanos y que no ayude a unos a sacar ventaja sobre otros.
No sirve de nada redefinir reglas para “categorizar a los partidos” y su financiamiento público. Lo que serviría es ver adónde van esos fondos, qué se hace con ellos y si su uso no es útil (como estamos seguro de que no lo es) eliminarlos porque la democracia no puede ser tan cara y tan ineficiente a la vez.
Entonces, como país no creemos en el comunismo, pero sí distribuimos recursos del Estado para que, en teoría, los politiqueros dominicanos compitan en igualdad de condiciones para al final servirse del trabajo de los más pendejos.
La institucionalidad dominicana es una bazofia que tratan de vendérnosla como el primer paso para la construcción de un mejor país, pero al final es una cortina de humo para continuar despedazando poco a poco lo que nos queda de esperanza.
