El Salvador. El Congreso de El Salvador, controlado por el oficialismo, aprobó este miércoles la derogación del artículo 210 de la Constitución, que establecía la obligación del Estado de financiar las campañas electorales de los partidos políticos. Esta reforma, que elimina la llamada «deuda política», ha generado una fuerte polémica, especialmente entre los sectores opositores que consideran que la medida refuerza la concentración de poder en manos del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas.
La decisión fue respaldada por 58 de los 60 diputados del Congreso, una mayoría absoluta que refleja el control que tiene el oficialismo sobre la Asamblea Legislativa. El artículo eliminado estipulaba que el Estado debía otorgar fondos públicos a los partidos para promover su independencia y libertad, pero a partir de ahora, las agrupaciones políticas deberán financiar sus campañas a través de sus propios recursos. Esta medida, según los críticos, podría afectar a los partidos pequeños, que no cuentan con los mismos medios para competir en igualdad de condiciones en las elecciones.
El debate sobre la reforma también ha estado marcado por el contexto político actual. El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, defendió la medida asegurando que los salvadoreños no querían continuar financiando a los partidos políticos con fondos públicos. Sin embargo, la oposición ve en esta decisión una nueva estrategia del gobierno para concentrar aún más el poder. Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, señaló que la eliminación de la deuda política es una herramienta más para el oficialismo, mientras que Francisco Lira, del partido Arena, argumentó que la reforma afectará la democracia representativa, ya que no todos los partidos tienen acceso a los mismos recursos económicos para financiar sus campañas.
El presidente Bukele, en un mensaje publicado en su página de Facebook, rechazó las críticas y defendió su gobierno, alegando que estas reformas eran necesarias para un cambio real en el país. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el Estado distribuyó más de 40 millones de dólares a los partidos políticos en concepto de deuda política durante las últimas elecciones generales de 2024, en las que Bukele fue reelegido. Este hecho pone de relieve el impacto que la reforma podría tener en las futuras elecciones, ya que los partidos deberán encontrar nuevas fuentes de financiamiento para competir.
El paso dado por El Salvador refleja una tendencia en varios países latinoamericanos en la que los gobiernos buscan reducir la dependencia de los partidos políticos respecto al financiamiento público, pero también pone de manifiesto los riesgos de desbalancear el acceso equitativo a los recursos para las elecciones. Mientras algunos celebran la medida como un avance en la autonomía de los partidos, otros la ven como un golpe a la pluralidad y la equidad democrática. Sin lugar a dudas, este es un tema que continuará generando debate en los próximos meses, a medida que se acercan nuevas elecciones y se ponen a prueba los efectos de esta reforma en el panorama político de El Salvador.
