Somos Pueblo — El Consejo Nacional de Migración (CNM), órgano encargado de diseñar y coordinar la política migratoria de la República Dominicana, no ha celebrado ninguna reunión oficial desde el 8 de septiembre de 2022, cuando sostuvo su último encuentro en el salón Los Trinitarios del Palacio Nacional. A la fecha, han transcurrido dos años y siete meses desde entonces, en un contexto regional marcado por un notable deterioro de la situación en Haití y un incremento sostenido de los flujos migratorios hacia territorio dominicano.
Aunque el encuentro de 2022 fue catalogado como una reunión rutinaria, se supo extraoficialmente que entre los temas abordados figuraba la revisión del proceso de regularización de trabajadores extranjeros en empresas privadas. Esta revisión implicaba aplicar la Ley General de Migración No. 285-04, en lo relativo a la proporción legal que debe existir entre empleados dominicanos y extranjeros, la cual establece un mínimo de 80% de nacionales y un máximo de 20% de extranjeros por empresa, según lo estipulado en los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo.
En ese momento, el CNM estaba presidido por el entonces ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, quien actualmente se desempeña como cónsul de República Dominicana en Nueva York. Asimismo, el director general de Migración era Enrique García, hoy fuera del cargo.
Relevancia del CNM y su papel legal
El Consejo Nacional de Migración fue creado mediante la Ley No. 285-04 en el año 2004, como parte de un proceso de modernización de la política migratoria del país. Sus funciones incluyen el diseño de la política migratoria nacional, la coordinación entre las instituciones que intervienen en su implementación y la elaboración de propuestas para una mejor gestión del fenómeno migratorio.
En su estructura, el CNM agrupa a varias entidades del Estado que trabajan directa o indirectamente en temas migratorios, tales como los ministerios de Interior y Policía, de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Trabajo, la Dirección General de Migración, entre otras.
El prolongado período sin convocatorias oficiales ha generado cuestionamientos en sectores vinculados a la política migratoria, dado que el país atraviesa una coyuntura especialmente delicada en su relación con Haití. El colapso institucional en el país vecino, dominado por bandas armadas y una aguda crisis humanitaria, ha multiplicado la presión migratoria sobre la República Dominicana, tanto por vías regulares como irregulares.
Incremento de tensiones y falta de coordinación
En los últimos años, la Dirección General de Migración ha incrementado sus operativos de control y repatriación de ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular, en coordinación con las Fuerzas Armadas. No obstante, la falta de reuniones del CNM ha limitado la posibilidad de articular una política coherente y actualizada frente a una realidad que ha cambiado drásticamente desde su último encuentro.
La Ley General de Migración establece que el CNM debe tener una participación activa y permanente en la formulación de políticas que respondan a las necesidades del país, tanto en lo relativo a la seguridad nacional como al respeto de los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, la inactividad del consejo representa una ausencia estratégica en la planificación institucional.
El rol del Instituto Nacional de Migración
Junto al CNM, el Instituto Nacional de Migración (INM) desempeña un papel técnico en la recopilación, análisis y difusión de información sobre los flujos migratorios. También creado por la Ley No. 285-04, el INM se encarga de elaborar estudios especializados que sirvan de base para las decisiones del CNM y de las demás entidades involucradas. No obstante, sus funciones no sustituyen la responsabilidad política del Consejo en la toma de decisiones interinstitucionales.
Ante la complejidad del escenario actual, con un país vecino sumido en el caos, y un flujo migratorio que continúa aumentando, la reactivación del Consejo Nacional de Migración se vuelve cada vez más urgente. La ausencia de un espacio de articulación entre las instituciones responsables de aplicar la ley migratoria compromete la capacidad del Estado dominicano para dar respuestas integrales, eficaces y humanas a una situación que afecta la seguridad, el orden público y las condiciones laborales en diversos sectores productivos.
