Documentado en una auditoría interna de la Contraloría General de la República (CGR) practicada al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), la entidad mantiene en nóminas a 487 personas que cobran sin trabajar, mientras que otras 97 son empleados en otras instituciones del Estado.
El personal figura como empleado de seguridad; no obstante, carece de asignación, función y cargo en la entidad, según el informe que recoge el período entre septiembre de 2021 y abril de 2022, bajo la gestión del mayor general Celin Rubio Terrero.
La investigación muestra que el 100 % de los militares y civiles designados en la entidad, no cuentan con expedientes de personal que contengan los datos exigidos por el Ministerio de Administración Pública para sus nombramientos.
Fuente: Acento
