Aprecio que no se está valorando en su justa dimensión el hecho de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, a unanimidad, en el caso Odebrecht haya rechazado la recusación bien fundada interpuesta contra 5 de sus jueces, incluyendo su presidente.

Examinemos los hechos. Contrario a lo esperado, el presidente de la SCJ, Lic. Luis Henry Molina, a pesar de estar consciente de sus vínculos con el encartado Tommy Galán, no tomó la iniciativa de inhibirse, motivando que las defensas de los acusados, así se lo sugirieran. El presidente de ese alto tribunal, a seguidas, leyó de un aparato electrónico un escrito, hecho con anterioridad, en el que decidía no inhibirse.

En la audiencia siguiente los abogados de la defensa volvieron a la carga, pero esta vez recusando formalmente al presidente de la SCJ, como también a otros 4 jueces. Los motivos de recusación de estos últimos se referían a que uno de los jueces había sido abogado de un imputado, en la fase de instrucción, y había entrado en conocimiento y fijado posiciones públicas sobre el caso que ahora se abocaba a juzgar. Los otros tres jueces habían conocido de impugnaciones hechas por varios de los imputados y adquirieron conocimiento del caso y de los medios de prueba. En buen derecho, todas éstas son razones válidas para que un juez prudente, por sí mismo, se hubiera inhibido.

Las causales invocadas contra el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, son las de mayor gravedad. Éste, en la campaña de 2016, siendo un activista político de la facción de Danilo Medina, fungió como coordinador y enlace de la campaña electoral del hoy acusado Tommy Galán. Como hay que suponer, en el desarrollo de esta labor Luis Henry Molina y Tommy Galán entraron en una relación amistosa, cercana y cotidiana, y estuvieron asociados en el logro de un propósito común que resultó exitoso, pues Tommy Galán fue electo senador por San Cristóbal.

Pero hay más. El Ministerio Público, entre otras, acusa a Tommy Galán de haber utilizado parte de los sobornos recibidos de Odebrecht para financiar ilícitamente su campaña a senador, la misma que coordinaba el hoy presidente de la SCJ. Es decir, ¿podrá el presidente de la SCJ participar de la condena de Tommy Galán por el uso de sobornos provenientes de Odebrecht en la financiación de una campaña que él coordinó directamente y de cuyo éxito es corresponsable, sin juzgarse a sí mismo?

En este contexto, no resulta ocioso preguntarse ¿cuál es la razón por la que el presidente de la SCJ insiste en presidir un juicio en el que su imparcialidad está seriamente cuestionada? La explicación hay que buscarla en las motivaciones que tuvo Danilo Medina para trasladarlo de Indotel a presidir la Suprema Corte de Justicia.

Llama la atención que el Ministerio Público no haya recusado al presidente de la SCJ, toda vez, que la parcialidad que se invoca a quien beneficia es a Tommy Galán, que es un acusado de la Procuraduría.

Volvamos a lo planteado en el párrafo inicial. Afirmo que llama la atención que el rechazo de la recusación de los 5 jueces, incluyendo a su presidente, se adoptara a unanimidad por el pleno, toda vez que la casi generalidad de juristas, de todas las tendencias políticas y de pensamiento, coinciden en la pertinencia de la inhibición primero, y luego, en que se aceptara la recusación. Llama a la reflexión que de tantas mentes lúcidas como las que integran el pleno de la SCJ, no haya aflorado una sola opinión disidente a favor de la recusación. Algunos lo han justificado diciendo que “primó el espíritu de cuerpo”. Lo sucedido fue algo distinto. Lo que esto evidencia es que el pleno de jueces se ha sometido al nuevo presidente de ese alto tribunal, no por una autoridad ganada proveniente de su experiencia y sapiencia jurídicas, sino por el poder que le suponen por sus vínculos políticos con Danilo Medina, verdadero amo de esa Suprema Corte y de la Justicia.

Cada vez se entiende mejor porqué la magistrada Mirian Germán tenía que ser sacada de la SCJ. El procurador llevó la voz cantante, pero en realidad esa fue una decisión de Danilo Medina a fin de conformar una SCJ que se sometiera a las directrices del poder, sin exponerse a decisiones y votos disidentes en un expediente como el de Odebrecht, de tantos riesgos para él y su entorno.

Todo encaja a la perfección. Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República y activista político de la facción de Danilo Medina, con la inclusión de varios legisladores en el caso Odebrecht, resultó el competente para hacer la persecución penal del caso, y por tanto decidir qué investigar (y que no) y a quién acusar (y a quién excluir). Es de todos conocidos el mamotreto de expediente que finalmente elaboró.

Para la fase de juicio del caso Odebrecht, la retención entre los acusados del senador Tommy Galán ha sido clave para otorgarle competencia a la SCJ, presidida por Luis Henry Molina, para decidir en única y última instancia a quién se condena y a quién se descarga.

Es decir, en el caso Odebrecht, por detrás del telón, Danilo Medina se ha asegurado de tener, en cada fase, el control político directo del curso del proceso.

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