San Salvador.— Tres años después de convertirse en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador ha dado un giro en su política monetaria al eliminar la obligatoriedad de su uso. La reforma a la Ley Bitcoin, enviada al Parlamento por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada de manera expedita con 55 votos a favor y dos en contra, suprimiendo la exigencia de que los negocios acepten criptomonedas en sus transacciones.
La medida pone fin a una de las políticas más controversiales del gobierno salvadoreño, implementada en 2021 con el argumento de que impulsaría la economía del país y otorgaría mayor libertad financiera a sus ciudadanos. Sin embargo, la baja aceptación de la criptomoneda entre la población y las presiones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han sido determinantes para esta reforma.
Los cambios en la Ley Bitcoin
La reforma aprobada modifica seis artículos y deroga tres de los 16 que conformaban la Ley Bitcoin. Uno de los cambios más significativos es que las transacciones con la criptomoneda ahora serán voluntarias y estarán limitadas al sector privado. Esto significa que ni ciudadanos ni empresas estarán obligados a aceptar pagos en Bitcoin, y tampoco podrán utilizarse para el pago de impuestos ni de facturas gubernamentales.
Además, con la reforma se elimina la infraestructura estatal que respaldaba la implementación del Bitcoin, incluyendo cajeros automáticos y la billetera digital oficial del gobierno, Chivo Wallet, la cual en su momento recibió una inversión millonaria para su desarrollo. Según una encuesta de Ludop, solo el 8,4% de los salvadoreños afirmaron haber utilizado la billetera alguna vez.
Presiones del FMI y la necesidad de financiamiento
El giro en la política de Bukele llega en un momento en que su gobierno negocia un préstamo de 1.400 millones de dólares con el FMI, crucial para la estabilidad financiera del país. Como parte de las condiciones impuestas por el organismo internacional, se exigió a El Salvador reducir el gasto gubernamental, aumentar la transparencia estatal y mitigar los riesgos asociados al Bitcoin.
Bukele, quien en el pasado defendió con firmeza la adopción del Bitcoin y llegó a burlarse de las advertencias del FMI sobre su volatilidad, ahora ha optado por aceptar las condiciones del organismo para garantizar la liquidez de su administración.
El futuro del Bitcoin en El Salvador
A pesar de la eliminación de su obligatoriedad, el Bitcoin no desaparece por completo del marco legal salvadoreño. Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, confirmó que la criptomoneda seguirá siendo permitida para inversiones privadas, aunque sin respaldo oficial del Estado.
El sitio web gubernamental Bitcoin Office reporta que El Salvador posee actualmente 6.049 bitcoins, con un valor aproximado de 637,3 millones de dólares. Sin embargo, no se ha informado si el gobierno ha vendido parte de sus reservas ni cómo ha utilizado los beneficios obtenidos.
Este cambio de rumbo marca un golpe para la visión de Bukele, quien había posicionado a El Salvador como “el país del Bitcoin” en el escenario internacional. Ahora, con la reforma aprobada y el apoyo financiero del FMI en camino, el gobierno parece priorizar la estabilidad económica sobre su apuesta por la criptomoneda.
