Washington. La decisión del gobierno de Trump de retirar 80 millones de dólares destinados a la asistencia migrante en Nueva York genera controversia en medio de un debate sobre la gestión de los recursos federales y las políticas de asilo.
En una acción que ha desatado un torrente de reacciones, la Oficina del Contralor de Nueva York reveló hoy que el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump ha revocado un pago de 80 millones de dólares destinado al sistema de asilo de inmigrantes en la ciudad. Los fondos, provenientes del Programa de Refugio y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), habían sido asignados por el Congreso de los Estados Unidos en 2023 con el fin de mitigar los efectos del aumento de la migración en ciudades como Nueva York. La transferencia de los fondos se había realizado a las cuentas municipales la semana pasada, pero el gobierno federal decidió retirarlos de manera unilateral, desatando un conflicto con las autoridades locales.
Brad Lander, Contralor de Nueva York, calificó la acción como un “robo” y una “traición” a la ciudad, afirmando que los fondos fueron retirados de manera ilegal de las cuentas bancarias municipales. En un comunicado, Lander instó al alcalde Eric Adams a emprender acciones legales para recuperar los recursos y subrayó que, de no obtener resultados, su oficina buscaría colaborar con el Departamento de Derecho de la ciudad para presentar una demanda más agresiva. Esta situación ha complicado aún más las relaciones entre el gobierno local y el federal, sobre todo después de que el alcalde Adams estrechara sus vínculos con Trump, lo que incluyó la reciente solicitud del Departamento de Justicia federal para retirar los cargos de corrupción que pesaban sobre él.
Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la revocación de los fondos, justificándola en que FEMA estaba utilizando los recursos para financiar el Hotel Roosevelt de Nueva York, el cual, según Noem, servía de base para la operación de la banda transnacional “Tren de Aragua”, originaria de Venezuela. Esta acusación se sumó a las declaraciones previas de Elon Musk, quien en su calidad de director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) aseguró que FEMA había destinado 59 millones de dólares en una sola semana para cubrir los gastos de los «hoteles de lujo» donde se alojan inmigrantes en la ciudad. Estas justificaciones han generado un clima de tensión y polarización política, con críticas tanto desde el ámbito local como nacional.
El impacto de la revocación de los fondos podría ser significativo, no solo en términos financieros, sino también en la gestión de la crisis migratoria en Nueva York. La ciudad ha sido un punto de llegada para miles de migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos, y los fondos asignados por FEMA son esenciales para brindar asistencia en áreas clave como alojamiento, alimentación y atención médica. Ante esta situación, el alcalde Adams ha anunciado que ya ha solicitado una reunión urgente con la Casa Blanca y FEMA para resolver el problema, buscando revertir la medida y recuperar los fondos. La respuesta del gobierno federal y el desenlace de este conflicto serán determinantes para el futuro de la asistencia migrante en la ciudad.
Este episodio pone de manifiesto la compleja relación entre las políticas migratorias locales y federales, y la manera en que se gestionan los recursos destinados a enfrentar la crisis. La decisión de retirar los fondos plantea interrogantes sobre las prioridades en el manejo de los recursos públicos, y ha generado un debate sobre el papel del gobierno federal en la atención de los inmigrantes en situación de vulnerabilidad. El resultado de este conflicto podría sentar un precedente importante para las futuras políticas migratorias y la distribución de fondos federales en los Estados Unidos.
