Somos Pueblo. – El juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en la Operación Medusa, ha sufrido un nuevo revés judicial que implica un retraso considerable en el proceso. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió apartar a los jueces que previamente conocían el caso, lo que obliga a reiniciar el juicio desde cero. Este incidente surge luego de que la defensa de Rodríguez presentara una recusación en la que se alegaba imparcialidad de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado, específicamente Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista.
El fallo de la Corte de Apelación, que aparta a los tres jueces, pone en evidencia la continua incertidumbre en torno a uno de los casos más mediáticos de la justicia dominicana, que involucra a Rodríguez y a varios exfuncionarios de la Procuraduría General de la República. A partir de ahora, el juicio será conocido por un nuevo tribunal: los jueces Claribel Nivar Arias, Yissel Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo Jiménez, quienes también están a cargo de la Operación Antipulpo, otro proceso emblemático en el que se encuentra implicado Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.
La defensa de Rodríguez, liderada por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol y Nelys Rivas Cid, presentó una recusación que fue respaldada por más de 20 pruebas que, según los letrados, evidencian una actuación sesgada de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado. La acusación central es que la magistrada Keyla Pérez Santana habría condicionado algunas decisiones judiciales al nivel de colaboración que ofrecieran los imputados con el Ministerio Público, un comportamiento que, según la defensa, atentaba contra los principios de imparcialidad que deben regir el proceso judicial.
Este giro en el caso Medusa refleja la complejidad y la tensión que ha caracterizado a esta investigación desde su inicio. El caso no solo involucra a Rodríguez, señalado como líder de una red que defraudó al Estado dominicano en más de 6 mil millones de pesos, sino que también pone en entredicho la efectividad y la transparencia de los procesos judiciales en el país. Con la recusación, la defensa de Rodríguez ha logrado no solo ganar tiempo, sino también colocar una sombra de duda sobre la imparcialidad del tribunal que estaba encargado del caso.
Para muchos analistas, este nuevo retraso refleja un patrón recurrente en los casos de alto perfil en la República Dominicana, donde la justicia parece verse obstaculizada por recursos legales y maniobras procesales. “Este es un claro ejemplo de cómo los procesos judiciales pueden alargarse indefinidamente, afectando tanto a las víctimas como a los acusados. Es fundamental que las autoridades logren garantizar una justicia pronta y efectiva”, comentó un experto en derecho penal que prefirió mantenerse en el anonimato.
Aunque la decisión judicial implica el reinicio del juicio, las expectativas sobre una resolución final en el caso Medusa permanecen inciertas. A pesar de los avances en la investigación, que incluyen la detención de varios exfuncionarios y colaboradores de Rodríguez, la prolongada duración de los procesos judiciales ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia del sistema judicial dominicano.
