Todo parece indicar que el objetivo del PLD es que no se celebren elecciones antes del 16 de agosto de 2020 para continuar de facto e indefinidamente usurpando el poder más allá del período constitucional para el que fueron elegidos.

La batería de bocinas y plumas empeñadas del “Partido Estado” han empezado un feroz y sistemático  ataque contra el Pleno de la Junta Central Electoral a raíz del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las causas que frustraron la elecciones municipales de febrero de 2020, el cual sin dudas deja muy mal parado a dicho órgano electoral.

A esto se adicionan los cuestionamientos sobre la alegada inconstitucionalidad que, desde los mismos predios, se plantean contra la Resolución No.42-2020 de fecha 13 de abril de 2020 mediante la cual el Pleno de la Junta Central Electoral, previa consulta a los partidos políticos, pospuso para el 5 de julio de 2020 las elecciones nacionales previstas para el 17 de mayo.  Respecto de esta postergación el PLD había manifestado por escrito su asentimiento.

Aparentemente la JCE ya no le es útil al PLD.  La anulación total en febrero de las elecciones municipales (y no la parcial que deseaban los morados) y los resultados de las elecciones municipales de marzo, que nadie ha cuestionado, han representado duros golpes a los intereses del oficialismo. Por eso han encontrado en el informe de la OEA la oportunidad de pasarle factura a la JCE.

El nuevo plan del PLD sería entonces dirigir todos sus misiles al Pleno de la JCE, ya que, con este organismo desacreditado y en desbandada, con la incertidumbre de la pandemia del Covid-19 y con impugnaciones ante las altas cortes a la posposición de las elecciones, procurarían impedir las elecciones del 5 de julio y hacer colapsar el sistema democrático.

Mientras tanto, en paralelo los abogados constitucionalistas del régimen tuercen el derecho para preparar el escenario para una extensión del mandato de los actuales incumbentes ante la posibilidad de que no puedan ser celebradas elecciones antes del 16 de agosto de este año.  Basados en analogías insólitas y totalmente infundadas pretenden asirse del Artículo 275 de la Constitución, inaplicable para funcionarios electos por un período determinado como el Presidente, Vicepresidente y los legisladores, para llevarse de encuentro lo que clara e inequívocamente establece el Artículo 274 sobre la terminación uniforme del período constitucional de los funcionarios electivos el 16 de agosto de cada cuatro (4) años.

Es importante que el pueblo y sobre todos los jóvenes héroes de la plaza de la bandera sepan leer entre líneas lo que se está tramando para que no hagan causa común del plan macabro del PLD, haciendo de la destitución del Pleno de la JCE su leitmotiv.  Más que nunca se hace necesario no cambiar de montura cruzando este río de turbulentas corrientes.  Sobre todo sabiendo que ante la destitución o renuncia de los miembros de la JCE son menos confiables los suplentes y si estos también renunciaran, la solución pasaría por un más perverso órgano como el Senado de la República controlado absolutamente por el primer mandatario de la nación.

El informe de la OEA para lo que debe servir es para sanear y desPLDeizar todas las áreas claves de la JCE como la Dirección de Informática, la Dirección de Elecciones, el área de Logística y los responsables de la policía electoral y los departamentos de inteligencia que le dan soporte.  Donde gran parte de los funcionarios claves reportan directamente a Palacio y al candidato presidencial del partido de gobierno.

Somos Pueblo

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