Este lunes 7 de octubre, a las 4:30 de la tarde, el Gobierno dominicano presentará en LA Semanal con la Prensa el tan anticipado proyecto de Ley de Modernización Fiscal, la reforma más esperada desde la llegada del presidente Luis Abinader al poder.
Por primera vez de manera oficial, el Poder Ejecutivo revelará sus estrategias para implementar esta reforma fiscal y tributaria, con una proyección de recaudación que podría alcanzar hasta 110,000 millones de pesos anuales.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha garantizado a los empresarios que la reforma incluirá un «plan agresivo contra la evasión fiscal» que busca la participación de todos los sectores, con el objetivo de incrementar las ayudas sociales, promover la equidad tributaria y fortalecer la administración tributaria, así como recapitalizar el Banco Central. Durante su discurso de juramentación para su segundo mandato el 16 de agosto, Abinader enfatizó que la reforma se centra en tres metas: asegurar finanzas públicas saludables, reducir la deuda y garantizar recursos para mejorar servicios de salud, seguridad e infraestructura esencial para el desarrollo.
La reforma fiscal ha generado tanto expectativa como inquietud entre los sectores productivos. Empresarios y hoteleros han solicitado una revisión de las exenciones fiscales. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, afirmó que en lugar de eliminar las exenciones de forma general, es necesario hacer un análisis costo-beneficio de cada régimen fiscal y ajustar aquellos que no sean efectivos. David Llibre, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, también destacó que el sector hotelero tiene la capacidad de generar hasta 12 veces los ingresos del sacrificio fiscal que el Estado incurre a través de estas exenciones.
Las plataformas de alojamiento de renta corta, como Airbnb, han expresado su disposición a contribuir con el 18 % del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) sobre sus servicios, siempre que no se conviertan en agentes de retención para los propietarios.
