Somos Pueblo | La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desvinculó de manera categórica a su organización del uso de fondos provenientes de actos ilícitos en la campaña del 2024. A través de una carta enviada al Listín Diario, el partido oficialista rechazó las declaraciones que han surgido en torno al denominado «Caso Cobra». El PRM calificó como una supuesta falsedad cualquier alegato de financiamiento irregular, asegurando que sus campañas se han ejecutado en cumplimiento estricto de la ley. La posición surge tras los interrogatorios que mencionan al exdirector Santiago Hazim.
En el comunicado, el PRM puntualizó que el actual gobierno actúa como acusador y no como cómplice en este proceso judicial. Destacaron que, por instrucción presidencial, el SeNaSa se constituyó como actor civil a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público para demandar el resarcimiento de los fondos. Según la organización, este hecho es una señal de que el Estado persigue a los responsables independientemente de su afiliación. El partido enfatizó que quien haya fallado a la confianza pública debe enfrentar las consecuencias de sus actos individuales ante la supuesta red de corrupción señalada.
La organización política aseguró que cuenta con todos los soportes y auditorías entregados ante la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas. El PRM sostuvo que sus informes financieros resisten cualquier escrutinio oficial y que no tolerarán supuestos «desbordamientos éticos» dentro de sus filas. Reiteraron que la independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de la actual gestión de gobierno. En ese sentido, manifestaron su disposición de colaborar con los fiscales para profundizar en las investigaciones sobre la supuesta sustracción de recursos públicos que operaba en la institución de salud.
Finalmente, el partido gobernante solicitó que se mantenga el equilibrio informativo ante las versiones vertidas por los implicados en el expediente. El PRM insistió en que el fortalecimiento de la integridad pública es un camino sin retorno para la nación dominicana. Concluyeron que la justicia debe hablar a través de las pruebas y no por conveniencias políticas de sectores interesados. Se espera que el proceso judicial continúe su curso para determinar la veracidad de los testimonios de los delatores, quienes han afirmado que el dinero supuestamente se destinaba a fines proselitistas durante el pasado proceso electoral.
