Somos Pueblo — El tamaño del Estado dominicano ha crecido a un ritmo desproporcionado respecto al crecimiento de la economía nacional en las últimas tres décadas. Según datos oficiales, mientras el producto interno bruto (PIB) real se ha multiplicado por 5.3 veces desde el año 1991, el gasto real del Gobierno Central lo ha hecho por 15.8 veces, generando un desequilibrio estructural que ha derivado en déficits fiscales recurrentes.
Este fenómeno ha provocado que el sector público dominicano se expanda a un ritmo casi tres veces mayor que el de la economía, a pesar de que el gasto público está incluido dentro del propio PIB. La desproporción ha sido sostenida en el tiempo, con implicaciones directas en el endeudamiento nacional, la carga fiscal de la población y la estabilidad macroeconómica del país.
Déficits fiscales y financiamiento externo
Desde la primera emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales en 2001, la política de gasto público ha estado fuertemente condicionada por el acceso al crédito externo. Esta facilidad de financiamiento ha impulsado un crecimiento acelerado del gasto gubernamental, sin que se hayan establecido límites estructurales eficaces para contenerlo.
En ese contexto, el gasto del Gobierno Central creció un 24% en 2001 y un 13.4% en 2006, cifras significativamente por encima del crecimiento del PIB en esos años. Estas alzas no se han correspondido necesariamente con una mejora en los ingresos ni con una planificación fiscal a largo plazo, sino con la posibilidad de recurrir con frecuencia al endeudamiento externo como mecanismo de financiamiento.
A pesar de varias reformas tributarias —como las realizadas en los años 2000, 2004, 2005 y 2012— el crecimiento del gasto no ha sido contenido. La experiencia dominicana revela que los ingresos fiscales no han sido el problema principal, sino más bien la falta de control y disciplina en el uso de los recursos públicos.
Consecuencias económicas y sociales
El crecimiento desmedido del gasto estatal ha traído consigo una serie de consecuencias que afectan tanto a la estabilidad fiscal como al bienestar de la población. Entre las más notorias se encuentran el aumento sostenido del déficit público, el incremento del endeudamiento y la presión creciente sobre los contribuyentes.
En la medida en que el Estado incurre en mayores gastos sin respaldo suficiente en ingresos permanentes, se ve obligado a financiar la diferencia a través de deuda. Este patrón, repetido año tras año, amplía la brecha fiscal y condiciona la capacidad del gobierno para enfrentar futuras crisis o ejecutar inversiones estratégicas en infraestructura, salud, educación o seguridad.
Además, los ciudadanos terminan asumiendo el costo de esta expansión desordenada del gasto público, ya sea mediante mayores cargas tributarias, reducción de servicios esenciales o limitaciones en las oportunidades de desarrollo económico. La falta de un marco de responsabilidad fiscal sostenido genera también un entorno de incertidumbre que desalienta la inversión y complica la planificación del sector privado.
Expertos en economía pública coinciden en que la República Dominicana requiere con urgencia una reforma fiscal integral, que no solo revise los esquemas de ingresos y tributos, sino que imponga un marco legal estricto para el control del gasto y la eficiencia del Estado. Las reformas anteriores, centradas principalmente en el aumento de la recaudación, han demostrado ser insuficientes frente a un gasto que continúa creciendo sin contención real.
La implementación de reglas fiscales claras, con topes definidos al crecimiento del gasto y mecanismos de evaluación del desempeño presupuestario, se presenta como una de las alternativas más viables para frenar el deterioro fiscal. De lo contrario, los déficits seguirán acumulándose y la deuda pública continuará creciendo, hipotecando el futuro de las próximas generaciones.
El caso dominicano refleja un problema estructural que va más allá de los ciclos económicos o los cambios de gobierno. Se trata de una tendencia sostenida en el tiempo que requiere voluntad política, consenso social y compromiso técnico para ser corregida.
En un momento donde la economía global enfrenta desafíos constantes y donde la eficiencia del gasto es cada vez más crucial, la República Dominicana no puede permitirse continuar por una senda de expansión estatal sin controles. Establecer una cultura de responsabilidad fiscal es imprescindible para garantizar un desarrollo sostenible, con oportunidades reales para la población y con una gestión pública centrada en resultados.
La sociedad dominicana espera no solo transparencia, sino también sensatez en el manejo de los recursos del Estado. La urgencia de un replanteamiento profundo de las finanzas públicas ya no es una cuestión de conveniencia, sino de necesidad nacional.
