Después de más de dos semanas sin avances, el Senado comenzará el jueves el análisis de la reforma al Código de Trabajo propuesta por el Poder Ejecutivo como parte de su paquete de reformas.
El senador Rafael Barón Duluc, quien preside la comisión especial encargada de estudiar el proyecto, anunció que el equipo se reunirá por primera vez para definir una metodología de trabajo que permita avanzar en la reforma laboral. Barón Duluc sugirió que la comisión podría llevar a cabo vistas públicas para debatir la propuesta con la sociedad y los sectores afectados.
El plan inicial para el estudio de la reforma incluye una reunión de la comisión para leer el proyecto en su totalidad, debatir con los sectores involucrados y realizar vistas públicas para escuchar las observaciones de la sociedad civil. Todas estas etapas requerirán la aprobación por mayoría de votos en la comisión.
Durante los debates, la comisión se reunirá con empresarios, sindicatos y empleados que han influido en la creación de la reforma laboral.
Respecto a la cesantía, el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, afirmó que la propuesta no aborda este tema, lo que generó rechazo inmediato de algunos representantes empresariales, quienes señalaron que no había consenso total. Barón Duluc aclaró que no se trata de cerrarse al diálogo, sino de buscar un acuerdo que beneficie a todas las partes.
El legislador destacó que, si no se logra consenso en el tema de la cesantía o en otros aspectos de la reforma, el Congreso deberá tomar decisiones en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano. “No podemos dejar de hacer las cosas solo porque alguien esté en desacuerdo”, afirmó.
Aunque la propuesta original fue presentada por el Poder Ejecutivo, la comisión tiene la autoridad para modificar algunos aspectos tras analizar la iniciativa con los sectores. Barón Duluc enfatizó que el Congreso es un poder independiente con la capacidad de ajustar los proyectos enviados por el presidente Luis Abinader.
La reforma laboral tiene como objetivo modernizar el Código de Trabajo vigente, promulgado en 1992 y nunca modificado. Según la propuesta del Poder Ejecutivo, se busca integrar nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo y el trabajo doméstico, y establecer una jurisdicción especial para resolver conflictos entre empleados y empleadores.
