Somos Pueblo – En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental en la República Dominicana, el viceministro de Recursos Costero y Marino, José Ramón Reyes López, habló de los aspectos del reciente proyecto de ley aprobado por el Senado. Esta reforma busca modificar la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, una legislación clave para el manejo de residuos y la protección de los ecosistemas costeros.
Destacó que aunque la nueva ley tiene beneficios, como la mejora en la recolección de residuos y el impulso a los productores y alcaldías, no puede pasar por alto el impacto ambiental que los residuos generan. Aseguró que el objetivo de la reforma no debe ser únicamente el beneficio económico para ciertos grupos, sino una estrategia que contemple la protección del medioambiente y la biodiversidad.
El proyecto, que fue aprobado con carácter de urgencia en el Senado, establece que el 80% de los residuos que afectan a las costas y los mares dominicanos provienen de tierra. Según el viceministro, este material contaminante, principalmente plásticos de un solo uso, terminan en los ríos y finalmente llegan a las playas, afectando tanto a la fauna marina como a la salud humana. Esto, añadió, afecta también a uno de los pilares de la economía nacional: el turismo.
El viceministro insistió en la necesidad de un debate más amplio y de involucrar a todos los sectores en la discusión de este proyecto de ley. En su opinión, la Cámara de Diputados debe escuchar las propuestas y preocupaciones de ambientalistas, sectores productivos y la ciudadanía en general para lograr una ley que sea realista y efectivamente contribuyente a la preservación de los recursos naturales.
Uno de los puntos más controversiales es el impacto de las fundas plásticas, que según el viceministro, son altamente dañinas para el medioambiente. En el artículo 172 de la ley, se estipula un plazo para el desmonte de las fundas plásticas, así como una campaña de concientización que debe ser impulsada por los productores de plásticos. Subrayó que esta responsabilidad debe ser compartida por todos los actores involucrados, desde los productores hasta los consumidores.
El proyecto también introduce modificaciones para implementar un sistema de reciclaje más eficiente y para garantizar que los productores sean responsables del manejo de los residuos derivados de sus productos. La ley establece un régimen de «responsabilidad extendida del productor» lo que implica una mayor implicación de las empresas en la gestión de los residuos generados por sus productos una vez estos se convierten en desechos.
Por otro lado, hizo un llamado a la cooperación de las autoridades y de la sociedad civil para enfrentar la crisis de contaminación. A pesar de las críticas, aclaró que el proyecto no se trata de beneficiar a unos pocos, sino de encontrar un equilibrio que permita el desarrollo económico sostenible y, a la vez, garantice la preservación de los recursos naturales.
Este tema se mantiene en el centro del debate nacional. Mientras tanto, desde el Ministerio de Medio Ambiente se continúan realizando jornadas de limpieza en las playas y se busca aumentar la conciencia pública sobre los problemas derivados del uso excesivo de plásticos y otros residuos contaminantes.
La ley está ahora en manos de los diputados, y será fundamental que se escuchen todas las voces antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de la gestión de residuos en el país. La protección del medioambiente no es solo una responsabilidad del gobierno, sino de todos los sectores de la sociedad.
Este artículo resalta los esfuerzos que se están llevando a cabo en la República Dominicana para hacer frente a los problemas ambientales que afectan al país, pero también subraya la necesidad de un enfoque integral que involucre a todos los actores para asegurar que las leyes y políticas públicas sean realmente eficaces.
