Somos Pueblo. Una red de falsificación de documentos en la Oficialía del municipio Nizao, provincia Peravia, ha sido desarticulada tras un proceso judicial que resultó en la imposición de medidas de coerción contra varios de sus integrantes. La estructura operaba dentro de la institución con la complicidad de empleados que facilitaban documentación irregular a nacionales haitianos, de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público.
La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de Peravia, magistrada Loida Amador, declaró el caso como complejo e impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar, mientras que a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez les fueron dictadas medidas menos severas, como garantía económica y presentación periódica ante el Ministerio Público. Rosario Aybar cumplirá su medida en la cárcel pública de Baní.
El expediente indica que los implicados fueron detenidos tras varios allanamientos en Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní, en una operación coordinada por diversas instancias judiciales y de investigación.
La directora de la Oficialía, prófuga
Según el comunicado oficial, la presunta cabecilla de la red es la oficial del Estado Civil de Nizao, María del Carmen Arias Castillo, quien actualmente se encuentra prófuga, al igual que otra imputada identificada como Dominga Valdez. Ambas tienen órdenes de arresto en su contra.
Las investigaciones revelan que la red se dedicaba a suplantar identidades de ciudadanos dominicanos, falsificar documentos oficiales y realizar declaraciones de nacimiento fraudulentas con el fin de dotar de documentación dominicana a extranjeros.
El proceso cuenta con la colaboración de la Junta Central Electoral (JCE) y es llevado a cabo por la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la JCE, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) junto con su Departamento de Falsificaciones. También han intervenido la Dirección Jurídica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de Inspectoría y la Dirección de Informática de la JCE.
Los cargos presentados contra los acusados incluyen violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 4-23 sobre Registro Civil, la Ley de Cédula No. 8-92, la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
