La empresa DeKolor S.R.L., propiedad de José Ángel Gómez Canaán (Jochy), responsable de la emisión de licencias de conducir en la República Dominicana, ha sido acusada de estar involucrada en actividades ilícitas como lavado de activos y sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo, de acuerdo con la orden de arresto emitida por el Ministerio Público.
Según el expediente, Jochy Gómez es señalado como el principal beneficiario de contratos fraudulentos a través de su empresa Aurix S.A.S., y presuntamente controló los sistemas semafóricos y de vigilancia mediante su alianza con Transcore Latam S.R.L. y DeKolor S.R.L., para movilizar fondos ilícitos y blanquear dinero. Se le acusa de estafa, falsificación, sabotaje, terrorismo y otros delitos relacionados con la corrupción.
El documento judicial detalla que la trama se remonta a 2017, cuando Gómez comenzó a recibir contratos del Estado, incluyendo uno que favoreció a DeKolor S.R.L., empresa co-gerenciada con Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Este contrato, valorado en más de RD$ 4,655 millones, permitía la emisión de licencias de conducir a un costo por unidad de RD$ 805.69.
El Ministerio Público también acusa a Gómez de haber ejecutado, junto a otros cómplices como Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, una serie de actos de sabotaje a la red semafórica en agosto de 2024. Según el expediente, el 28 de agosto, 14 intersecciones semafóricas fueron desactivadas intencionalmente por Transcore Latam, generando caos en el tráfico de la capital dominicana, situación que se agravó con 44 intersecciones afectadas al día siguiente.
El sabotaje fue considerado un acto de terrorismo y una amenaza a la seguridad nacional, lo que llevó al INTRANT a desplegar personal militar para abordar la crisis. A pesar de los intentos de desestabilización, las autoridades lograron tomar el control manual de la red semafórica.
Jochy Gómez, en un acto desafiante, publicó amenazas en la red social X, advirtiendo sobre la retirada de los equipos semafóricos si no se llegaba a un acuerdo satisfactorio. Estos mensajes fueron interpretados como parte de una estrategia para desestabilizar el sistema y presionar a las autoridades en beneficio de sus intereses.
