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jueves, enero 30, 2025

Empresariado y Banco Central respaldan propuesta de aumento salarial del 20% pero exigen análisis de inflación real

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Santo Domingo, R.D. La reciente propuesta del presidente Luis Abinader de incrementar en un 20% el salario mínimo para empleados del sector privado no sectorizado ha generado una respuesta positiva en diversos sectores económicos del país, aunque estos señalan la necesidad de considerar variables económicas fundamentales en el proceso de implementación.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha manifestado su apoyo a la iniciativa, destacando su potencial impacto en la movilidad social. «Un 20% a sectores de menores ingresos los coloca en el índice superior del ingreso del quintil uno de gastos», señaló Albizu ante la prensa durante un acto conmemorativo en el Altar de la Patria.

El funcionario enfatizó que la medida podría actuar como catalizador económico: «Contribuirá positivamente a acelerar las actividades económicas del país porque las personas tendrán más ingresos para sus actividades cotidianas».

El ajuste salarial propuesto se enmarca dentro del artículo 456 del Código de Trabajo, que establece la revisión obligatoria de las tarifas mínimas por parte del Comité Nacional de Salarios (CNS) al menos cada dos años. La normativa especifica que estas revisiones no pueden ser consideradas antes de cumplirse un año de vigencia de la tarifa anterior.

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), a través de su presidenta Laura Peña Izquierdo, ha expresado su disposición a participar en el diálogo tripartito pendiente de convocatoria por el CNS. La organización empresarial subraya la importancia de considerar factores críticos como:

  • La productividad laboral
  • La inflación acumulada
  • Las proyecciones económicas
  • El impacto en las industrias

«Esperaríamos que se convoque al Comité Nacional de Salarios para poder discutir el tema de los salarios, como lo establece el Código Laboral», manifestó Peña Izquierdo, recordando el histórico compromiso del sector empleador con los procesos establecidos en la Ley 16-92.

El consenso entre los diferentes actores económicos, incluyendo representantes de las mipymes, apunta a la necesidad del ajuste salarial como mecanismo para compensar la pérdida de poder adquisitivo experimentada por los trabajadores debido a las fluctuaciones en los precios de la canasta básica.

La implementación de este aumento salarial requiere un proceso de diálogo y análisis en el marco del CNS, donde se evaluarán los diferentes factores económicos y su impacto en los sectores productivos del país. La disposición mostrada por los diferentes actores sugiere un ambiente favorable para las próximas negociaciones.

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