Somos Pueblo – Santo Domingo, 10 de julio de 2025 — El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la compañía Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), es acusado de haber mantenido contratos por más de una década con instituciones públicas como las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), a través del presunto pago de sobornos a funcionarios y oficiales encargados de la seguridad institucional.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Rodríguez González habría entregado más de 108 millones de pesos en sobornos a cambio de asegurar y mantener dichos contratos, pese a que las instituciones públicas ya contaban con departamentos de seguridad interna.
La investigación detalla que estos pagos se efectuaron desde aproximadamente el año 2012, mediante transferencias bancarias a cuentas de funcionarios o de allegados, así como pagos en efectivo derivados de cheques emitidos por la propia empresa Senase.
El Ministerio Público sostiene que el esquema de corrupción implicó a altos mandos militares y policiales, incluyendo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz (exdirector de seguridad de Edesur); Andrés Pacheco Varela (Edenorte y Fuerza Aérea); Luis Ernesto Vicioso Bocio (Edeeste); Francisco Guarín Fernández (Inaipi); Elías Caamaño Pérez (Senasa); Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (Fuerza Aérea); Wellington Peralta Santos (Ejército); Ramón Quezada Ortiz (Policía Nacional); y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, único civil que habría recibido directamente más de 35 millones de pesos, según los fiscales.
El Ministerio Público también solicitó que el proceso sea declarado complejo debido al número de involucrados, la magnitud de los fondos implicados y la prolongada duración del presunto esquema fraudulento.
Según los documentos judiciales, en el caso de Edesur, los pagos irregulares se habrían extendido hasta el año 2020, mientras que en Senasa se habrían realizado entre 2016 y 2019 bajo un acuerdo de pagos mensuales. Los contratos habrían sido adjudicados mediante procedimientos administrativos marcados por irregularidades, con la participación activa de los responsables de seguridad institucional que debían velar por la integridad del servicio.
Las autoridades sostienen que el esquema permitió que los intereses del Estado fueran vulnerados y que recursos públicos fueran utilizados para sostener contratos obtenidos de forma irregular. La audiencia de conocimiento de medida de coerción fue aplazada para el próximo lunes.
