sábado, mayo 18, 2024

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Entre enero y julio del 2020 se pagaron RD$12,500 millones por expropiación de terrenos; algunas empresas beneficiarias se crearon en enero 2020

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Varias de las empresas que tuvieron cesión de crédito para reclamar al Estado supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos fueron incorporadas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) en 2020, mismo año que en fueron beneficiarias de los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio Público revela que solo entre enero y julio del año 2020, un periodo de seis meses, se pagaron la suma de RD$12,540,449,339.27 por concepto de expropiación de terrenos.

La Pepca plantea que el exministro Donald Guerrero, principal investigado, instruía de manera recurrente, mediante comunicación, el registro de órdenes de pago como deuda administrativa por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir libramientos de pagos.

Entre los pagos que el PEPCA dice que están en investigación, citan a las empresas de carpeta BXT Dominicana S.R.L. y Reidux Consulting.

Según el registro de ONAPI, BXT Dominicana y Rediux Consulting, el gestor de la creación de estas empresas es Álvaro Jiménez Crisóstomo, implicado en el caso. Ambas fueron incorporadas el 8 de enero de 2020 con el mismo objeto social y domicilio, el cual es la avenida Tiradentes, esquina Fantino Falco, en Plaza Naco, Suite 39-A. BXT Dominicana habría sido beneficiaria de 4,472 millones de pesos y Rediux Consultin habría recibido un pago por 906.1 millones de pesos, según un informe que realizó la Contraloría General de la República y que cita la Pepca.

En la misma dirección también se ubica, según registro de Onapi, la empresa Axionova Group, incorporada el 7 de enero de 2020 y que, según el informe que cita la Pepca, fue favorecida con 2,024 millones.

Otro que figura con pagos por 376.7 millones es Alejandro Antonio Constanzo Sosa, quien figura como titular de la empresa Gestores de Deudas y Expropiaciones (Gesdex), incorporada en Onapi el 27 de enero de 2020.

Las empresas figuran en una autorización de información financiera que emitió la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que investiga a varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano por más de 17,000 millones de pesos.

Entre los investigados están el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

También están entre los beneficiados con libramientos de pagos la empresa Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, representada por Ramón David Hernández, con 133.8 millones; Wilfredo Castillo, con 454.7 millones; Héctor Julio Gatón, con 78.8 millones; Marcos Antonio Martínez, con 115.9 millones; Antonio Luján Mercedes Rijo, con 232.2 millones; Lujan Antonio Mercedes Espiritusanto, con 70.7 millones; Ángel Lockward & Asociados con 74.1 millones y la oficina de abogados Alexis Robles, con 55.5 millones.

“El informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República indica que, en la mayoría de los casos, se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos…” dice la Pepca, en su solicitud ante el tribunal.

Señala, además, que esos documentos fueron asumidos con errores tipográficos por los técnicos evaluadores, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos legales.

FUENTE: DIARIO LIBRE

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