Recientemente se han viralizado en las redes videos donde se visualizan discusiones y conflictos acalorados entre taxistas de los sindicatos de Punta Cana y de Uber. En algunos videos les bloquean los vehículos a los conductores de Uber, en otros los amenazan verbalmente, y en algunas ocasiones con armas blancas; muchas veces en presencia de turistas. Debido a la importancia del turismo para la economía nacional, esta situación se vuelve delicada, pues un incidente puede afectar la imagen de la República Dominicana como destino para vacacionar.
Para los que no conocen bien el mercado de taxis en Punta Cana, este funciona de la siguiente manera: existen tres sindicatos que son los únicos autorizados a ofrecer servicios en la zona. El sustento de esta exclusividad emana de la amenaza del uso de la fuerza contra aquellos que osen ofrecer un servicio privado de transporte. Han materializado estas amenazas en varias ocasiones.
Este oligopolio ha devenido en el común denominador de las industrias donde no hay competencia: ineficiencia. La ineficiencia a la vez se traduce en servicios de baja calidad a altos precios. Esto ha hecho que para los locales sea imposible contar con un servicio de taxi; las tarifas son entre cuatro y cinco veces las tarifas de Santo Domingo, y la tarifa mínima para distancias cortas es de veinte dólares, es decir, mil doscientos pesos.
La aparición de plataformas digitales de taxi ha revolucionado la manera en que consumimos estos servicios. La facilidad de solicitar un taxi desde nuestro móvil y de realizar pagos sin necesidad de efectivo son algunos ejemplos. Además, el aumento en la oferta de conductores y la cantidad de clientes que han generado estas plataformas ha mejorado la experiencia en el servicio para ambas partes; los conductores consiguen más clientes y los usuarios reciben precios competitivos en vehículos de más confort.
Al habilitarse el uso de Uber en Punta Cana, los sindicatos han sentido la presión de tener que competir con una empresa que ofrece facilidad para conseguir el servicio a una fracción del precio que ellos cobran. En lugar de revisar cómo volverse más competitivos o de mejorar sus precios, su respuesta ha sido el uso de la violencia contra los conductores de Uber y sus pasajeros.
Imaginen la impresión de un turista que visita la República Dominicana, y que al abordar un taxi con la misma aplicación que utiliza en su país, se vea atrapado en violentas discusiones entre taxistas del sindicato y el chofer que lo pasó buscar. Cualquiera lo pensaría para volver a salir de su hotel, o hasta para volver al país.
En medio de todo esto, el gobierno ha tomado medidas favorables a los sindicatos, es decir, favorables al atraso del país. En lugar de incentivar la competencia entre empresas para que aquellas que ofrezcan más calidad a un mejor precio prosperen, deciden impedir la entrada de los Uber a los hoteles y al aeropuerto, que son propiedad privada. Con ello han consentido indirectamente el uso de la violencia, y a la vez han cercenado el derecho a la libre competencia; pues sólo los chantajeadores violentos de los sindicatos tienen derecho al negocio del transporte turístico en Punta Cana. Mientras tanto, las autoridades esperan lo de siempre antes de tomar en serio la situación: que maten a un conductor o a un turista, que se arme un escándalo internacional, y cuando ya el daño esté hecho, venir con las yipetas, los militares y las cámaras para que los vean “resolver”.
