Somos Pueblo – El Estado dominicano, junto a las distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, presentó una querella penal en la que reclama una indemnización de RD$50 mil millones contra exfuncionarios y empresarios señalados como parte de un presunto entramado de corrupción en el sector eléctrico, basado en contratos fraudulentos y sobrevalorados.
La acción legal, depositada ante el Ministerio Público y firmada por Andrés Astacio Polanco en representación del Estado, incluye entre los principales acusados a Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez y Julio César Correa, además de los empresarios Maxy y Gerardo Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez —hermano del expresidente Danilo Medina— y otros vinculados.
Según la querella, entre 2012 y 2020 se habrían favorecido a más de veinte empresas a través de procesos de compras manipulados y contratos sobrevalorados, en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, lo que provocó pérdidas millonarias al erario.
Petitorio
El Estado y las distribuidoras solicitaron:
- La admisión de la querella y apertura formal de una investigación penal.
- La imposición de medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva y embargos.
- La nulidad de los contratos cuestionados.
- La persecución penal por delitos como estafa agravada, prevaricación, coalición de funcionarios, soborno, asociación de malhechores y lavado de activos.
- La declaración de actor civil a favor del Estado, con una indemnización provisional de RD$50 mil millones por daños y perjuicios.
La querella, presentada originalmente el 14 de junio de 2021, fue elaborada por un equipo legal integrado por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo instrucción del Poder Ejecutivo.
Impacto denunciado
De acuerdo con el documento, el esquema desvió recursos destinados a la compra de equipos, expansión de redes eléctricas y mejora del servicio. Como resultado, proyectos quedaron inconclusos, se incrementó la dependencia del subsidio eléctrico y varias comunidades no recibieron las obras prometidas.
La acción también resalta el daño a la confianza pública en las instituciones del sector eléctrico.
