Somos Pueblo. – «Estoy súper arrepentido». Con estas palabras, Juan Luis Jiménez Adames, un segundo teniente de la Policía Nacional que estaba en la mira de las autoridades por el doble homicidio de su pareja y su suegra, marcó un giro inesperado en una de las investigaciones más polémicas y mediáticas de la República Dominicana.
La entrega voluntaria de Jiménez Adames se llevó a cabo en el Palacio de la Policía Nacional, acompañado por un representante de los Derechos Humanos que corroboró su buen estado físico antes de que las autoridades procedieran con su detención. Este gesto de arrepentimiento y cooperación, aunque inesperado, no borra la gravedad de los hechos por los que se le acusa.
El caso, que data del 18 de enero en el sector Los Robles, La Vega, involucró el asesinato de Arianny Marte, de 26 años, y Marisela Rodríguez Marte, de 51 años. Además, durante el incidente, Franklin Ruiz Inoa resultó herido, sumando otro componente al acto violento. Las evidencias recolectadas en la escena por la policía científica incluyen casquillos de bala calibre 9 milímetros y dispositivos electrónicos, mientras que el arma utilizada por el teniente fue confiscada tras su captura.
En sus declaraciones, el oficial expresó un profundo remordimiento, sugiriendo una carga emocional que podría influir en las etapas judiciales por venir. Sin embargo, su historial en la Policía Nacional, que incluye su ingreso en 2005 y su suspensión en 2018 por un caso judicial con una pareja anterior que no prosperó en los tribunales, refleja un patrón preocupante que las autoridades deberán evaluar.
Su huida, que comenzó el mismo día del crimen, incluyó el abandono de un automóvil Daihatsu Move en un solar baldío en Villa Altagracia. Este intento de evadir la justicia lo mantuvo en el radar de las autoridades, quienes emitieron una alerta de captura calificándolo como «altamente peligroso» y advirtiendo sobre su estado de estar «fuertemente armado».
La sociedad dominicana sigue de cerca el desarrollo de este caso, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por las implicaciones que tiene en la integridad y selección de los miembros de las fuerzas del orden. Mientras las autoridades avanzan con la solicitud de medida de coerción, el país espera respuestas claras y una acción firme para garantizar que la justicia prevalezca
Las declaraciones de arrepentimiento de Jiménez Adames, aunque impactantes, no eximen la responsabilidad de sus acciones. Este caso abre un debate sobre la ética y la responsabilidad dentro de las fuerzas del orden, dejando una reflexión sobre la necesidad de prevenir tragedias similares y reforzar los mecanismos de evaluación y monitoreo del personal uniformado en el país.
