Somos Pueblo – La señora Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, una de las víctimas mortales del colapso del techo en la discoteca Jet Set ocurrido el pasado 8 de abril, presentó formal querella y se constituyó en parte civil contra los propietarios del establecimiento. La acción judicial, interpuesta ante la Fiscalía del Distrito Nacional, reclama una indemnización de RD$ 300 millones, más intereses judiciales, costas legales y honorarios profesionales, por los daños materiales y morales causados a su familia.
La querella también solicita prisión preventiva contra los imputados, argumentando riesgo de fuga, posibilidad de ocultamiento de pruebas y temor por la integridad física de la demandante.
Acusación formal por homicidio involuntario y otros cargos
La acción penal va dirigida contra los señores Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, Maribel Espaillat de Beras, Evelyn Espaillat de Aybar, así como la empresa Inversiones E y L, S.R.L., identificada como la propietaria del centro de diversión. A todos ellos se les atribuyen cargos por homicidio involuntario, complicidad y otros delitos tipificados en el ordenamiento penal dominicano.
De acuerdo con los documentos presentados, Inversiones E y L, S.R.L. está registrada bajo el número 61342SD y tiene vigencia societaria hasta el año 2026. Los señores Antonio Espaillat y Ana Grecia López figuran como socios y gerentes de dicha razón social, mientras que las señoras Maribel Espaillat de Beras y Evelyn Espaillat de Aybar, aunque no aparecen como socias formales, son señaladas por la parte querellante como administradoras de hecho del establecimiento, basándose en registros laborales y comunicaciones oficiales.
Pruebas aportadas por la parte civil
La querellante aportó múltiples elementos documentales para sustentar su acusación. Entre estos figuran actas notariales, registros mercantiles, nóminas de empleados, y documentos con membrete de la discoteca Jet Set, firmados tanto por Antonio Espaillat como por su abogado. Estos documentos, según se establece en la querella, evidencian que los acusados ejercían control operativo sobre la discoteca al momento del incidente.
Uno de los ejes centrales de la acusación se basa en la alegada omisión de medidas de prevención pese a advertencias técnicas previas sobre la condición estructural del local. La parte civil sostiene que, de haberse actuado con la debida diligencia, la tragedia habría podido evitarse.
Contexto de la tragedia y consecuencias legales
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, uno de los eventos más trágicos registrados recientemente en el país, dejó un saldo de 232 personas fallecidas y al menos 189 heridas que requirieron atención en distintos centros hospitalarios. El suceso ha provocado reacciones en diversos sectores, desde organizaciones de derechos humanos hasta el Colegio Médico Dominicano, que han señalado la necesidad de que se investigue a profundidad la cadena de responsabilidades.
La acción legal interpuesta por Nadal Porro busca no solo establecer responsabilidades penales, sino también un precedente en materia de seguridad estructural y responsabilidad empresarial en lugares de uso público. La demandante también se reservó el derecho de ampliar la querella a otros posibles implicados en el transcurso de la investigación.
Llamado a la justicia y garantías de proceso
La parte civil ha insistido en la necesidad de que el proceso judicial avance con imparcialidad, transparencia y apego al debido proceso. Asegura que este caso no debe ser reducido a un accidente fortuito, sino que debe investigarse como una posible consecuencia de negligencia grave y falta de supervisión técnica adecuada.
Por su parte, hasta el momento de esta publicación, los acusados no han ofrecido declaraciones públicas sobre la querella ni han sido citados oficialmente por el Ministerio Público, según consta en los registros disponibles.
La querella de Nadal Porro se suma a una creciente presión social por justicia y responsabilidad en torno a la tragedia del Jet Set, una de las mayores catástrofes civiles en la historia reciente del país. Mientras el caso avanza en el plano judicial, las familias afectadas siguen esperando respuestas claras, justicia efectiva y garantías de que hechos similares no volverán a repetirse en espacios de recreación pública.
