Somos Pueblo | La familia Reyes presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por un supuesto fraude inmobiliario que afecta la Hacienda Rosalinda. Se informó que el conflicto involucra más de 2,500 tareas de tierra dentro de la parcela 26B, propiedad original del fallecido arquitecto José Manuel Reyes Valdez. Se alega que, tras la muerte de Reyes en 1966, se realizaron transferencias de títulos y ventas supuestamente falsificadas mientras los herederos eran aún menores de edad. Se presume que este esquema de despojo contó con la complicidad de diversos funcionarios del Registro de Títulos a lo largo de varias décadas.
El caso tomó un giro legal definitivo cuando una auditoría forense a la parcela reveló múltiples irregularidades y superposiciones de títulos que supuestamente no tienen sustento legal. Se informó que en el año 2002, el tribunal emitió la sentencia número 51, la cual ordena restablecer los derechos de propiedad a favor de la familia Reyes. Se alega que, a pesar de existir este mandato judicial claro, las autoridades correspondientes han ignorado la ejecución de la sentencia hasta la fecha actual. Se presume que el secuestro del título original por parte de oficiales públicos busca proteger los intereses de los actuales ocupantes de los terrenos.
La denuncia señala directamente al Grupo Vicini como el actual poseedor de las tierras, a quienes los herederos exigen mostrar las pruebas legítimas de la supuesta compra. Se informó que la madre de los denunciantes solo fue autorizada por un consejo de familia en 1969 para vender una porción limitada que incluía la casa y almacenes. Se alega que el comprador original transfirió ilegalmente otras porciones de la parcela que nunca fueron puestas en venta ni autorizadas por los mecanismos legales de protección a menores. Se presume que la falta de cheques cancelados o contratos válidos por parte de los actuales ocupantes confirma la existencia de un fraude estructural.
Finalmente, los afectados decidieron acudir al PEPCA para enjuiciar a los funcionarios implicados en lo que consideran un secuestro institucional de su patrimonio familiar. Se informó que los herederos mantienen la fe en que la actual gestión contra la corrupción administrativa logre desmantelar la red que ha impedido el cumplimiento de la sentencia 51. Se alega que el caso de la Hacienda Rosalinda es solo uno de muchos donde apellidos de gran peso económico se habrían beneficiado de títulos supuestamente viciados. Se presume que la resolución de este conflicto sentará un precedente sobre la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada en la República Dominicana.
