Somos Pueblo – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró este lunes que la intervención de una barbería por parte de agentes de la Policía Nacional no estuvo relacionada con su funcionamiento como establecimiento comercial, sino con la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido por la normativa vigente.
A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), Raful indicó que el informe policial correspondiente establece que la acción de los agentes se motivó tras constatarse la presunta violación a la restricción horaria aplicable a la venta de alcohol, y no por la naturaleza del negocio en sí.
“La barbería como actividad comercial no tiene restricción horaria. Según el reporte recibido, el cierre fue debido a la venta de alcohol fuera del horario permitido”, expresó la funcionaria en su declaración pública.
En ese sentido, Raful reiteró que ninguna autoridad está facultada para ordenar el cierre de un establecimiento sin el debido respaldo legal y recordó que la intervención de negocios debe estar amparada en las disposiciones establecidas por las leyes nacionales y los reglamentos correspondientes.
El caso generó reacciones en redes sociales, donde circularon imágenes del operativo policial dentro del local, lo que desató críticas por lo que algunos usuarios consideraron un acto de abuso de poder. La ministra aclaró que la intervención no implicó el cierre generalizado del comercio ni estuvo dirigida a restringir el ejercicio de una actividad lícita como el corte de cabello.
Regulación vigente
La legislación dominicana establece horarios específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o privados con acceso al público. Estas restricciones han sido reforzadas en diferentes provincias mediante resoluciones del Ministerio de Interior y Policía, especialmente en el marco de iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana.
El ministerio ha recordado en múltiples ocasiones que la venta de alcohol fuera de los horarios autorizados constituye una infracción administrativa que puede dar lugar a sanciones, incluyendo multas, clausura temporal del negocio y decomiso de mercancía.
Sin embargo, las autoridades han señalado que tales medidas deben ejecutarse bajo el marco de la legalidad, respetando el debido proceso y los derechos de los comerciantes.
Posición institucional
La aclaración de Raful se produce en un momento en el que distintas instituciones del Estado buscan reforzar la transparencia en las actuaciones de los cuerpos de seguridad. El Ministerio de Interior y Policía ha insistido en que el combate a la inseguridad ciudadana debe estar acompañado por el respeto estricto a los procedimientos legales y a la protección de los derechos fundamentales.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una comunicación oficial ampliando detalles sobre el operativo ni sobre las medidas que se habrían tomado contra el establecimiento.
El incidente continúa generando debate en medios digitales sobre la aplicación de las normativas y el alcance de las atribuciones de las autoridades en contextos similares.
