La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en torno a las candidaturas independientes, advirtiendo que esta decisión podría promover la “antipolítica” y contribuir al debilitamiento de los partidos políticos, además de desarticular el sistema político del país.
En un comunicado emitido por Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, la organización señaló que la sentencia TC-0788-24 socava los esfuerzos por fortalecer la democracia interna de los partidos. Castaños remarcó que, aunque existen retos en la representación política, no deben ser resueltos mediante una motivación jurídica que favorezca la creación de extremos políticos que desestabilicen las instituciones y generen grupos fuera del control del sistema político.
Reacciones de los partidos políticos
Varios líderes partidarios han calificado la sentencia como una amenaza al sistema político. Sigmund Freund, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), indicó que se está organizando una reunión con todos los partidos para discutir las implicaciones de la sentencia y establecer una postura común frente a la decisión del Tribunal Constitucional.
Freund cuestionó la viabilidad de permitir que cualquier persona se inscriba como candidato sin requisitos previos, lo que podría generar un caos en la contabilización de votos y la distribución de fondos. “¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos si de repente tenemos 200 candidaturas?”, planteó.
Detalles de la sentencia
La sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, que regulaban las candidaturas políticas independientes. Según el Tribunal, existe una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, ya que la ley condicionaba la participación de los independientes a la creación de una organización política formal.
Estos artículos establecían que, para postularse como candidato independiente a la Presidencia, se requería una organización política similar a la de los partidos tradicionales a nivel nacional, junto con un programa de gobierno. También especificaban que las candidaturas a cargos de senadores y diputados debían estar respaldadas por organizaciones con estructuras fijas en las respectivas demarcaciones electorales, mientras que las candidaturas municipales necesitaban contar con una organización a nivel local.
El artículo 157 de la ley, por su parte, estipulaba que las candidaturas independientes y las organizaciones que las apoyen debían cumplir con otras disposiciones de la ley que regulan los partidos y movimientos políticos, adaptadas según las normativas de la JCE.
Silencio de la JCE
A pesar de la controversia generada, la Junta Central Electoral (JCE) aún no ha emitido una posición oficial ni ha detallado los nuevos lineamientos a seguir tras la sentencia del Tribunal Constitucional.
En el fallo, el Tribunal también dejó en claro que, aunque la sentencia no impide al Congreso regular las candidaturas independientes, estas deberán cumplir con las normas establecidas por el marco constitucional y las disposiciones de la JCE, que seguirán siendo de aplicación conforme a lo dispuesto en la Constitución.
